“Los pases están lanzados, falta que la Corte Suprema meta el gol”. Con esa frase, un encumbrado funcionario judicial describió el escenario que le espera a Cristina Kirchner, luego de que el procurador Eduardo Casal dictaminó que debe agravarse su condena a 12 años.
Para continuar con las metáforas futbolísticas, la pelota ahora está en la cancha de la Corte Suprema, que entró en tiempo de descuento por la carrera electoral. La condena de Cristina Kirchner es a 6 años de prisión e incluye la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Si la Corte rechaza el recurso de queja de Cristina Kirchner, que pide su absolución, y el planteo del fiscal de Casación Mario Villar, que con el apoyo del procurador Casal pide duplicar su condena a 12 años, la sentencia quedaría firme y la expresidenta no podría ser candidata. Ahí se termina la discusión
Si, por el contrario, la Corte Suprema abre los recursos de queja, la solución del caso se dilataría, pues la causa regresaría a la Cámara de Casación para que dicte una nueva sentencia.
En general, cuando una causa viene con un doble conforme como ocurre con Vialidad, ya que un tribunal oral y la Cámara de Casación ratificaron la condena, la Corte Suprema rechaza la queja sin mas explicaciones. Excepto que haya asuntos de arbitrariedad insoslayables.
Los plazos que corren son los del calendario electoral, tanto las fechas de la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner apunta a ser candidata, como de la elección de legisladores nacionales.
Si Cristina Kirchner presenta su candidatura a diputada provincial, el plazo de oficialización de listas vence el 19 de julio. Es decir, si la Corte falla antes de esa fecha y rechaza su recurso, su condena quedaría firme y la expresidente inhabilitada como candidata.
Ahora, si se decide presentar como candidata a diputada nacional, un escenario que se reflotó en las últimas horas, la fecha límite para el registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas es el 17 de agosto. Es decir que si la Corte falla en su contra antes de esa fecha, no podría postularse como legisladora nacional.
En la Corte Suprema de Justicia hay una postura clara que es la del juez Ricardo Lorenzetti, para quien la Corte debería fallar si demorar el asunto, porque de lo contrario daría lugar a especulaciones políticas.
Sus allegados deslizan que el juez quería que la Corte falle en junio próximo, a más tardar, antes del inicio de la feria judicial de invierno y antes de que se acerquen las fechas fatales del calendario electoral.
El resto de los jueces de la Corte no dio pistas acerca de sus inclinaciones. “Se va a fallar con los tiempos normales y habituales de cualquier causa que llega a estudio de la Corte”, repiten como un rezo pagano los funcionarios del cuarto piso del Palacio de los Tribunales.
El ánimo que se respira es que tal vez la Corte prefiera no apresurar los tiempos y dejar pasar los meses hasta fin de año. Un constitucionalista de fuste, que se tutea con más de un ministro del alto tribunal, interpretó que “no hay que apurar los tiempos de la Corte en un caso así”. “Si saliera una sentencia rápida, la reputación de la Corte quedaría por el piso para una parte de la sociedad”, acota.
Estas expresiones que buscan resguardar la credibilidad e imparcialidad de la Corte se basan en la idea de que “la política fracasó con ficha limpia, por acuerdos no explicitados, por lo que ahora no vengan a buscar que la justicia solucione sus problemas”.
El argumento contrario es que si la Corte Suprema no se pronuncia ahora, estaría de lleno interfiriendo en el proceso electoral. Y, además, un fallo condenatorio dictado después de las elecciones no tendría ningún efecto, pues la inhabilitación ya no tiene eficacia y los fueros la protegerían a Cristina Kirchner de la prisión. Solo cabe un desafuero para ejecutar la sentencia.
“Sería una sentencia declarativa, pues no podrían aplicarse ninguna de las dos sanciones”, señalan en los tribunales, que analizan que además “implicaría defraudar al Poder Judicial que resistió presiones para empezar el juicio, acusar con firmeza y dictar una condena”.
El argumento contrario es que si el fallo condenatorio fuera posterior a la elecciones de todos modos ya la condena quedaría firme, no sería de ejecución real, pero ya no se discutiría mas sobre el asunto.
Lorenzetti quiere llevar esta discusión a los próximos encuentros con sus colegas, aunque es el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el que tiene la potestad de llevar el caso al acuerdo de cada semana, previo pedido de informes sobre la causa al secretario penal.
En el mismo acuerdo en que se trate este caso debería resolverse además la recusación de Lorenzetti que planteó Cristina Kirchner para apartarlo de este caso.
En toda la historia de la Corte no prosperó una recusación, porque se entiende que si se abre esta puerta, súper restrictiva, las partes en el juicio tendrían el poder de cambiar la integración del tribunal. Lorenzetti le pidió por escrito a sus colegas que la rechacen in limine, sin más trámite, como habitualmente ocurre.
En tribunales recuerdan, por estas horas, una línea de William Shakespeare, en Macbeth, cuando las brujas le dicen “el bien es el mal y el mal es el bien”. Ese parece ser el clima hoy que sobrevuela en la Corte Suprema, donde por un lado se cree que un fallo rápido desalienta especulaciones y, por otro, que una decisión apresurada generaría desprestigio.