Los dos fondos beneficiarios del contundente fallo de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, son lo que se conocen como fondos buitre o “carancho”. Esto quiere decir, no tienen una liquidez orientada a realizar distintas clases de inversiones financieras, sino que se especializan en comprar grandes juicios, en general, a compañías en quiebra que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.
Fue precisamente lo que hicieron, tras la renacionalización de YPF en 2012 y la quiebra de las empresas de Petersen, el fondo inglés Burford Capital Ltd (principal actor) y el estadounidense Eton Park (actor de reparto, llevado al juego por el propio Burford): compraron los créditos contra YPF y la Argentina a empresas que eran accionistas minoritarios de la petrolera estatal, entre las que figuraba con un rol central el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Burford Capital es una firma de gestión financiera e inversiones que proporciona capital y financiación al sector legal. Su principal objetivo es financiar litigios y arbitrajes, y sus acciones cotizan -hoy en alza gracias a este fallo- en las Bolsas de Valores de Nueva York y Londres.
Fue la que inició en 2015 el litigio contra YPF y el Estado argentino en nombre de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, instrumentos radicados en Madrid que recibían las utilidades generadas por YPF para ir cubriendo con ese ingreso los créditos que habían tomado para quedarse con el 25,4% de YPF entre 2008 y 2011.
Ese plan quedó inconcluso con la reestatización en 2012, ya que entonces se dejaron de pagar dividendos y los Eskenazi perdieron sus acciones a manos de los acreedores que les habían prestado el dinero para comprarlas, entre quienes figuraban los bancos Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, BNP, Itaú, Standard, Santander e incluso la propia Repsol.
Burford aparece en escena cuando el administrador concursal del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, Luis Armando Betancor, decidió encarar el reclamo hacia el Estado argentino y la propia YPF tras hacer notar que el estatuto societario de la compañía obligaba al estatizador a hacer una oferta pública de adquisición por el 49% restante, algo que la administración de Cristina Kirchner decidió obviar.
Claro que, ante la falta de recursos para financiar un juicio que se presumía ya sería muy largo, Betancor abrió un concurso, y fue Burford Capital quien se terminó quedando con el derecho de litigar con una inversión inicial de US$17 millones, a la que ya le auguraba una futura “recuperación de múltiplos sustanciales de esa cantidad”.
Este fondo lo blanqueó en su balance 2015, al informar a sus accionistas que había sido designado para financiar a los liquidadores de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que quebraron tras la expropiación, llevando adelante una demanda contra el Estado argentino e YPF en los tribunales de Nueva York. “Burford tiene derecho al 70% de la recuperación en el caso de Petersen (del cual Burford deberá pagar gastos significativos)”.
Pero luego, a medida que el planteo avanzaba en la Justicia, fue vendiendo partes de su porcentaje. En diciembre de 2016, por caso, se desprendió del 1% de la participación en las ganancias que se pudiesen obtener, en este caso, por US$4 millones a “dos inversionistas globales”. A comienzos de 2017, cerró otra transacción por el 10% con “inversores institucionales” por US$40 millones. Hasta ahí quedó claro que valoraron su inversión inicial de US$17 millones en US$ 400 millones.
Esos desprendimientos se sucedieron al menos hasta 2019 (no hay registros posteriores), y se hicieron más usuales, al punto que llegó a ceder a terceros el 38,75% de los derechos por US$236 millones y a un precio aún mayor, lo que hizo que el reclamo quede ya valuado por encima de los US$1000 millones.
Pero queda el 30% restante de los beneficios, que se supone siguen en cabeza de la administración del concurso, quien luego debería repartir ese dinero entre los acreedores del Grupo Petersen, aunque en el mercado se cree que la familia Eskenazi tiene algún tipo de acuerdo privado con Burford para recibir también parte de la indemnización que el fondo buitre logre.
Eton Park Capital Management era un fondo de cobertura creado por Eric Mindich, exejecutivo de Goldman Sachs, que poseía oficinas en Nueva York, Londres y Hong Kong. Fue cerrado en 2017 debido a malos resultados y la retirada de inversores. En la causa YPF apareció financiado por Burford para que el reclamo judicial tuviera más “volumen”. De hecho, en su balance anual de 2019, aseguró que llevaba invertidos US$26 millones en los reclamos de Eton Park, “que son esencialmente idénticos a los reclamos de Petersen y siguen el mismo camino de litigio en EE.UU.”, y reveló que había acordado embolsar el 75% de los ingresos que pudieran recuperarse a partir de la demanda, por lo que se supone que Eton Park se quedará con el 25% restante si logran el cobro.