En Chicago crece la incertidumbre ante un escenario de endurecimiento en las operaciones federales de inmigración. En este contexto, organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los extranjeros denunciaron un incremento en la presencia de agentes en las calles, en controles vehiculares y hasta en tribunales locales. Algunas leyes impulsadas por el gobernador demócrata JB Pritzker brindan un respiro a los migrantes de Illinois, que se mantiene como estado santuario.

El aumento de operativos del ICE en Chicago y la reacción de la comunidad

En las últimas semanas, los activistas reportaron un repunte en los arrestos migratorios en barrios con alta población extranjera y en suburbios de Chicago. Según la agencia Associated Press, la estrategia de la administración Donald Trump, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aumentó las detenciones a partir de controles de tránsito y un mayor despliegue en edificios judiciales.

“Definitivamente, sentimos que las operaciones intensificadas ya están aquí”, expresó Lawrence Benito, director de la Illinois Coalition of Immigrant and Refugee Rights. Los testimonios apuntan a que los agentes utilizaron tácticas más agresivas, con miembros armados, enmascarados e incluso vestidos con uniformes de camuflaje.

El gobernador JB Pritzker reconoció que “el ICE ha estado reuniendo a sus agentes” y que ahora “tienen más personas en el terreno y van a ejecutar sus planes en mayor grado”. Sus declaraciones reforzaron la percepción de que Illinois se encuentra en el centro de una operación de alcance mayor, denominada “Operation Midway Blitz”, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la senadora estatal Karina Villa confirmó que en West Chicago, un suburbio ubicado a unas 44 millas (72 kilómetros) de la ciudad, se registraron más de 15 arrestos en un solo día. La mayoría derivó de la detención de una camioneta en un control vehicular, aunque también se produjeron en supermercados, complejos de departamentos y calles de la ciudad.

Los reportes a la línea de emergencia para denunciar la presencia de agentes federales superaron en una jornada las 500 llamadas, aunque muchas correspondieron a información duplicada o incluso a denuncias erróneas.

Las protecciones para migrantes en Illinois: la ley HB 5172, vigente desde julio de 2025

Frente a este contexto, Illinois reafirmó su condición de estado santuario con la entrada en vigor de nuevas medidas. Desde el 1° de julio de 2025 rige la ley HB 5172, impulsada por el gobernador JB Pritzker, que garantiza el acceso a intérpretes en audiencias administrativas. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de las personas no angloparlantes que enfrentan procesos sin representación legal.

La normativa establece que toda notificación de audiencia debe incluir una advertencia sobre el derecho a solicitar asistencia interpretativa. Los jueces, por su parte, tienen la obligación de indagar si los participantes requieren traducción y, de ser así, asignar un intérprete certificado.

Además, cualquier persona indigente, testigo o parte que comparezca sola puede pedir en cualquier momento un intérprete sin costo. En audiencias de menor relevancia, se autoriza el uso de intérpretes no profesionales, siempre que el juez confirme su idoneidad. Todos ellos, sin importar la naturaleza de la audiencia, deben prestar juramento de fidelidad y confidencialidad.

La TRUST Act: el pilar de las ciudades santuario en Illinois

El principal marco legal que respalda a los inmigrantes en Illinois es la TRUST Act, vigente desde 2017 y reforzada en años recientes. Esta legislación traza una línea clara entre las competencias de la Policía local y las operaciones federales de inmigración. En ese sentido, limita la colaboración con el ICE, característica clave de los estados santuario.

Algunos de sus puntos centrales son:

Ningún oficial local puede detener a una persona solo porque el ICE haya emitido una orden civil de inmigración.Los agentes estatales no pueden arrestar ni investigar a alguien únicamente por su estatus migratorio.Se prohíbe excluir a personas con órdenes pendientes de programas educativos, de rehabilitación o de seguridad.Desde el 1° de enero de 2022, quedó prohibido que agencias estatales o locales firmen contratos con el gobierno federal para detener a personas por infracciones migratorias civiles.