Pablo José Márcico, el hijo mayor del exfutbolista e ídolo de Boca Juniors, Ferro y Gimnasia y Esgrima La Plata, Alberto Márcico, recibió un revés judicial: la Sala IV de la Cámara del Crimen confirmó su procesamiento por una importante estafa inmobiliaria con la venta duplicada de departamentos y locales comerciales y, en consecuencia, irá a juicio junto con su padre y su hermano menor, Lucas.

Según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente, los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Julio Marcelo Lucini confirmaron el embargo fijado sobre los bienes del hijo mayor de Márcico hasta cubrir la suma de 345.175.000 pesos.

“El vínculo con los demás imputados –su padre y hermano– y su condición de miembro de la sociedad que llevaba adelante el proyecto quita credibilidad a su falta de conocimiento sobre el alcance de las operaciones previas en relación con las mismas unidades que luego contribuyó a ceder a terceras personas. Cabe también desechar el argumento de que deba dirimirse el asunto con exclusividad en la sede civil en la que se promovió la escrituración o en la comercial, en la que tramita el concurso de acreedores de la empresa constructora", sostuvieron los jueces Rodríguez Varela y Lucini en su reciente fallo.

El hijo mayor de Márcico está procesado por los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados reiterado (dos hechos en concurso real entre sí), en concurso ideal con defraudación por estelionato reiterada (dos hechos en concurso real entre sí).

“Con la confirmación del procesamiento, Pablo José Márcico irá a juicio junto con su padre y su hermano”, dijeron las fuentes consultadas.

Sin embargo, en el fallo del tribunal de alzada, Márcico, sus hijos y Omar Claudio Martiarena, el otro acusado, recibieron una buena noticia: los jueces Rodríguez Varela y Lucini confirmaron el sobreseimiento por el delito de asociación ilícita que les había imputado el fiscal Andrés Madrea.

“La naturaleza misma del negocio en cuestión, conformado por una única construcción y venta de los departamentos y espacios de guardado de vehículos de un mismo inmueble, contribuyen a respaldar la convicción de que no se encuentran presentes los requisitos de indeterminación, estabilidad temporal y permanencia de una organización criminal”, explicaron los camaristas en su fallo.

El exfutbolista y su hijo Lucas habían solicitado la suspensión del juicio a prueba, pero el juez Luis Salas, del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, rechazó la solicitud de probation ante la enfática oposición de los querellantes y del fiscal, debido a que el monto ofrecido por los acusados fue “totalmente irrisorio”. Ahora apelaron al Superior Tribunal de Justicia porteño a través de un recurso de inconstitucionalidad.

En el futuro juicio oral, y tal como adelantaron, varias querellas pedirán que los Márcico terminen en la cárcel. Consideran que el concurso real de los delitos que les atribuyen –22 hechos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y 15 hechos de estelionato (vender una cosa que no es propia)– podrían derivar en una eventual condena de prisión efectiva.

En mayo pasado, en la audiencia donde se debatió el pedido de probation, algunos de los querellantes cuestionaron no solo el monto ofrecido por los Márcico para resarcir, al menor en parte, a los damnificados, y el plazo para saldar esa cuenta en el marco de la probation. Consideraron que el ofrecimiento era incluso peor que uno anterior que habían realizado. Como sostuvo el fiscal general Horacio Azzolin en la audiencia virtual: “Es la primera vez que me pasa que modifiquen para peor las condiciones”.

El abogado Gabriel Palmeiro, defensor de Lucas Márcico, informó a las partes que la propuesta integral era de 295.000 dólares: 180.000 para Marta Zulema Rondinella (que había comprado 16 departamentos y seis cocheras) pagaderos en 23 cuotas (22 de US$7800 y una de 8398), 100.000 para Martín Herrera (exarquero de Boca, donde fue compañero del Beto, comprador de cinco departamentos y un local comercial), en 22 cuotas de 4300 dólares y una de 5381) y 15.000 dólares a repartir en partes iguales entre cinco querellantes que compraron aquellos departamentos, de los que tienen boleto de compraventa y posesión, pero que no pueden escriturar por el actual estado de la causa.

La empresa constructora Edificio Migueletes 1268 SRL, de los Márcico, quebró, y la suerte de aquellos inmuebles y sus compradores aún se dirime en el fuero Comercial.

Sobre el ofrecimiento, Palmeiro sostuvo: “Esta división en cuotas entendemos que no genera merma alguna en cada uno de los interesados, razón por la cual puede tomarse ese monto global a los efectos de ese ofrecimiento en los términos de la suspensión del juicio a prueba como absolutamente valedero, lógico y con la mantención del valor para cada uno de ellos”.

Su colega Martín Ezequiel Villar, abogado del exvolante ofensivo que jugó en la selección argentina, adhirió a la propuesta y agregó que el ofrecimiento se ajustaba a “las posibilidades reales del señor Márcico”.

El abogado Claudio Caffarello, representante en la querella de Rondinella, fue el primero en manifestar su oposición a aquella propuesta. “Respecto de este nuevo ofrecimiento con el que nos sorprenden las defensas, recordemos que el primer ofrecimiento fue de 180.000 dólares, pero en 18 cuotas, y no en 23, como ahora. Recordemos también que al comienzo del proyecto Rondinella adquirió unidades por 750.000 dólares”, sostuvo.

“No discutimos el monto, que queda lejos del perjuicio ocasionado. Bajo ningún punto de vista, y menos ahora, a los 80 años, la señora Rondinella le puede aceptar a Márcico el pago a dos años. ¿Quién le podría aceptar a un quebrado 23 cuotas? Aceptar esto es admitir o permitir que los Márcico hicieran con el dinero recibido lo que quisieran", afirmó Caffarello, que consideró “irrazonable” la propuesta de reparación del daño producido.

Luego, en cuanto a la viabilidad de la probation, el representante de Rondinella ponderó que “en caso de que en este proceso recaiga una condena, difícilmente sea de cumplimiento en suspenso”.

Yael Jaifetz, abogada del exarquero xeneize Herrera, también se opuso al pago del resarcimiento a plazos. “Es darles un beneficio de pagar un 10% en cuotas, lo que no consentimos bajo ningún punto de vista, por lo que rechazamos el ofrecimiento”, sentenció.

Julián Subías, abogado de una pareja integrante del tercer grupo de querellantes, fue enfático en el rechazo: “El ofrecimiento de 3000 dólares en una cuota no satisface en lo más mínimo el daño causado a mis mandantes. Por más que tengamos la posesión, ellos no compraron la posesión, compraron un departamento y no lo tienen, lo tienen que seguir peleando, hace 25 años que vienen peleándolo. La última hipoteca tuvieron que ir a levantarla ellos mismos; debieron pagar más de 50.000 dólares para que no los saquen de la casa. Lo que gastaron supera ampliamente los montos que ofrecen ahora para tratar de solucionar este conflicto".