Fue un viernes de estrategia judicial bañada de millones en la causa Cuadernos. Habían pasado 10 días de vorágine, desde que la fiscal del caso, Fabiana León, entregó 24 horas a las defensas para saber si querían terminar el proceso mediante un instituto jurídico llamado reparación integral (artículo 59, inciso 6 del Código Penal).

Este movimiento, a menos de dos meses del jucio oral, se dio por pedido de un empresario. Fue entonces, cuando la fiscal, ante la posibilidad de que cada una de las partes haga el mismo planteo, notificó a todos para que expresen si querían o no participar de una audiencia en la que se trate el asunto. A aquel plazo se le sumaron cinco días que entregó el Tribunal para que los abogados de los imputados manifestaran si estaban o no dispuestos a “reparar el daño”.

La audiencia virtual comenzó pasadas las 10 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7, presidido por Enrique Méndez Signori e integrado por Fernando Canero y Germán Castelli. Estaban todos los imputados, alrededor de 70 en esta etapa del proceso.

Cuando finalizó, quedaron varias frases que marcarán a fuego la postura de la fiscalía y también de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Paul Starc y que es querellante. “En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado. No es patrimonial, erosiona la confianza pública y la legitimidad del Estado", dijo Fabiana León.

A su turno, Mariano Galpern, titular de la Dirección de Litigios de la UIF, expuso la postura del querellante: “La duración del proceso no habilita la impunidad. Que un juicio sea complejo o extenso no justifica extinguir la acción. Exige más compromiso institucional, si no entonces que: ¿Cuánto más grande y dañino el delito, más fácil la salida? La complejidad no es excusa, es prueba de la gravedad".

León reconoció que gran parte de las defensas ya le habían hecho llegar la inquietud de varios imputados de meter la mano en el bolsillo para poder extinguir la acción penal. Dijo, además, que siempre fue renuente a esa solución. “El bien protegido es la probidad, es la transparencia, es el orden público. No hay víctima disponible, no hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado. No existe una víctima con quien se pudiera transar”, recalcó la fiscalía.

Poco antes, Galpern había hablado, también, de una transacción. “Admitir la reparación integral sería mercantilizar la corrupción, convirtiendo el proceso penal en un sistema de transacciones donde el poder adquisitivo reemplaza el principio de igualdad ante la ley".

Ahora bien, quiénes fueron los empresarios y los funcionarios y cuánto ofrecieron como forma de terminar el proceso. LA NACION reconstruyó las propuestas de todas las defensas que, ahora, deberá aceptar o rechazar el Tribunal. A continuación, el detalle que fueron pasados a dólares, de acuerdo al tipo de cambio vigente en el momento de escribir la nota.

Adrián y Mauricio Pascucci, socios de la constructora Alquimaq: $133.000.000 por los dos.

Gabriel Romero, dueño de Hidrovía y de Ferrovías. Es arrepentido y dijo que pagó a Cristina Kirchner US$600.000 para extender la concesión del río Paraná. Ofreció US$344.840.

Rodolfo Poblete, empresario, ejecutivo de Hidrovía y Ferrovías. Ofreció US$33.788.

Jorge Benolol, empresario, ofreció US$290.577.

Aldo Roggio, entonces presidente del grupo Roggio, con inversiones en una constructora, y Ferrovías (ramal Urquiza) y Metrovías (ahora Emova), en el subterráneo porteño. Ofreció US$1.267.108.

Carlos Arroyo, también socio de Green. Hizo el mismo ofrecimiento, otros US$1823.

Carlos Román, empresario, dueño de la constructora Green. Ofreció US$1823 para reparar el daño.

Fabián Ezequiel García Ramón, exdirector de Promoción de Energías Renovables y uno de los laderos de Roberto Baratta. Ofreció US$908.824.

Cristóbal López, Fabián de Sousa y Osvaldo Manuel de Sousa. Socios de la constructora CPC y, entonces, del canal C5N. Hicieron una propuesta conjunta para pagar US$683.028,53.

Enrique Pescarmona y Rubén Valenti, entonces dueño y gerente general de Industrias Metalúrgicas Pescamona (Impsa). Fueron arrepentidos y entre los dos ofrecen pagar US$344.638.

Hugo Dragonetti, uno de los más importantes empresarios de la construcción, dueño de Panedile. En su indagatorio admitió que realizó pagos ilegales al financista Ernesto Clarens para acelerar desembolsos vinculados a las obras públicas que le adjudicaban. Ofreció US$960.390.

Hugo Marín Larraburu, secretario del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Ofreció US$30.537 y pidió que se contemplara lo que también aportaría su jefe de entonces.

Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Ofreció pagar US$40.000 actualizado por tasa activa del Banco Nación.

Roberto Orazi, dueño de la constructora Hidraco. Ofreció US$92.176.

Jorge Beniot, empresario. Ofreció US$29.057.

Juan José Luciano, empresario de la construcción, socio de Luciano SA. ofreció US$60.818, actualizados por tasa activa del Banco Nación.

Juan Manuel Collazo, ex directivo de Helport (la constructora del Grupo Eurnekian), reconoció que pagó coimas para mantener una concesión de una ruta. Ofreció US$603.255.

Armando Loson, empresario, dueño de la empresa energética Albanesi, recientemente concursada, y de la Bodega del Desierto. Fue uno de los principales actores de la fuerte embestida contra la causa y uno de los que participó de un expediente paralelo que instruyó el juez Marcelo Martínez de Giorgi Ofreció US$122.472.

Julio José Paulecci, imputado en la causa. Ofreció US$256.789.

Luis Armani, empresario de la construcción y dueño de Vialmani. Ofreció US$3378, uno de los que menos dinero aportará para reparar el daño.

Mario Rovella, socio de la constructora Rovella-Carranza. Junto con Dragonetti, Armando Loson y Gerardo Ferreyra fueron de los más beligerantes para terminar con la causa. Ahora ofrece US$494.541.

Miguel Marcelino Azar, presidente de la extinguida Vial 3. Ofreció US$162.182, que era el monto del embargo, con las actualizaciones que se dispongan.

Patricio Gerbi, de la constructora Coarco. Es arrepentido y asumió que debió acordar el pago de sobornos que le permitirían obtener la concesión de obras públicas viales y garantizarse los pagos del Estado. Ofreció US$139.698.

Walter Fagyas, expresidente de Enarsa durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ofreció US$138.531.

Miguel Ángel Marconi, empresario, socio de Supercemento. Ofreció US$342.611.

Ángelo Calcaterra, ex dueño de la constructora Iecsa. Ofreció US$1.684.442.

Ernesto Clarens, financista de Néstor Kirchner y arrepentido en la causa. Ofreció un barco y un departamento en Miami, que, según dijo, están valuados en US$1,5 millones.

Alberto Taselli, empresario, hermano de Sergio. Ofreció US$10.000.

Gabriel Pedro Losi, empresario, socio de Luis Losi Sa. Ofreció US$557.629.

Ricardo Santiago Scundia, contador, trabajó en el Grupo Roggio. Ofreció US$221.109.

Daniel Pitón, empresario entrerriano de la construcción. Ofreció US$93.119.

Osvaldo Acosta, empresario y uno de los dueños de Electroingeniería. Ofreció US$295.983.

Juan Carlos De Goycoechea, Mario Maxit y Cesar De Goycoechea, eran los ejecutivos de Isolux Corsán, empresa española de obra pública. Entre todos ofrecieron US$1.081.219.

Héctor Javier López Caballero, exgerentegeneral de Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra. US$460.641.

Santiago Ramón Altieri, empresario, ejecutivo de Iecsa. Ofreció US$309.239.

Claudio Javier Glazman, empresario inmobiliario. Es arrepentido y contó que pagó a Roberto Baratta cerca de un millón de dólares para que le entreguen unos terrenos ferroviarios. Ofreció US$206.904.

Mario Marcuzzi, empresario. Fue, por lejos, el que menos ofreció. Para compensar el daño está dispuesto a pagar US$202.

En la audiencia, pocos verbalizaron los montos que ofrecieron; la mayoría optó por presentar un escrito con el detalle del importe y en algunos casos, el cálculo y la explicación de cómo se llegó a ese valor.

Hubo algunos más que no mencionaron cuánto depositarían. Por caso, Oscar Sansiseña, Guillermo Escobar, Pablo José Gutiérrez, Jorge Mauricio Balán, y Ricardo Scuncia, todos empresarios de la construcción, propusieron aportar el monto de sus embargos actualizados.

León sostuvo que esta suerte de ofertas a cambio de un sobreseimiento es una mercantilización de la Justicia. “Si aquí se transa o se mercantiliza, el mensaje social es letal. La pena o la absolución cumplen una función social: afirma qué conductas son intolerables, disuade futuros desvíos, garantiza igualdad ante la ley”, señaló.

Finalmente, agregó: “Permitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad que premia al que puede pagar; rompe la simetría con el ciudadano común, con el ciudadano que va a trabajar, con el ciudadano decente, y erosiona la confianza en las instituciones democráticas, destruye el honor de los países. La corrupción no lesiona un patrimonio aislado, lo corroe todo”.

Ahora serán los jueces del Tribunal los que dirán si con algo más de 12 millones de dólares se podrá compensar el daño que este sistema de recaudación ilegal.