En un nuevo gesto de rebeldía contra el Poder Ejecutivo, el Senado se dispone a sesionar este jueves para rechazar el veto que el presidente Javier Milei le impuso a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), norma impulsada en julio último por los mandatarios de los 24 distritos.

El proyecto, vetado el jueves de la semana pasada, será el tema principal de una sesión que tendrá un temario disperso, en el que predominan proyectos de perfil social.

Asi, en el listado de iniciativas previstas se encuentran la denominada “Ley Nicolás” para combatir la mala praxis médica, la “Alerta Sofía” por niños desaparecidos y una modificación al Código Penal para endurecer penas por muerte en accidentes viales.

La sesión del Senado se sumará a la ofensiva parlamentaria que este miércoles llevará adelante la Cámara de Diputados, que tiene previsto insistir con el financiamiento universitario y la declaración de la emergencia pediátrica por la crisis del Hospital Garrahan, que también fueron vetadas por el Poder Ejecutivo la semana pasada.

La inclusión del proyecto en la sesión de este jueves indica, a priori, que hay un escenario favorable para que el Senado rechace el veto impuesto por la administración libertaria, aún cuando el desafío se presenta exigente.

Es que para rechazar el veto de Milei la oposición necesitará reunir una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes en dos votaciones. La primera, para habilitar el tratamiento sobre tablas del expediente, porque no cuenta con dictamen de comisión. La segunda, para insistir en la ley y girarla a la Cámara de Diputados, que deberá reunir la misma relación de fuerzas para dejar firme la norma.

La ley que estableció el reparto obligatorio entre las provincias de los Aportes del Tesoro de la Nación fue sancionada por Diputados el pasado 20 de agosto. El trámite comenzó en el Senado el 10 de julio último, en la polémica sesión “autoconvocada” por la oposición. En aquella oportunidad, el proyecto fue aprobado por la Cámara alta por una abrumadora mayoría de 56 votos a favor y tan sólo uno en contra. Los senadores libertarios se ausentaron objetando la validez de la reunión.

Tras la derrota del 7 de septiembre en las elecciones bonaerenses, el Gobierno se vio obligado a cambiar algunas posturas y a acercar posiciones con varios gobernadores con la intención de detener la serie de derrotas legislativas que viene sufriendo desde hace dos meses en ambas cámaras parlamentarias.

Así, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó convenios para la asignación de obras y programas públicos con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres (Pro), y de Tucumán, Osvaldo Jaldo (PJ), dos viejos aliados de la Casa Rosada que tomaron distancia por los constantes incumplimientos del Gobierno nacional de sus promesas de envíos de fondos.

Además, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, se reunió con Jaldo en Tucumán el último viernes y sumó a la agenda de seducción de gobernadores al salteño Gustavo Sáenz (PJ), otro mandatario que mostró buena disposición durante el último año y medio para colaborar con la Casa Rosada, pero que terminó distanciándose por los maltratos de la administración de Milei.

A Catalán se sumó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en otros encuentros con Rogelio Frigerio (Entre Ríos-Pro), Alfredo Cornejo (Mendoza-UCR) y Leandro Zdero (Chaco-UCR), gobernadores que pertenecieron a Juntos por el Cambio y con los que el Gobierno nacional logró sellar alianzas electorales para los comicios legislativos de medio término del próximo 26 de octubre.

Todos estos encuentros, forzados por la derrota electoral, no han logrado todavía disipar del todo las desconfianzas que persisten en las provincias hacia el Poder Ejecutivo tras varios meses de desencuentros y maltratos. Esto se traduce, por el momento, en la decisión de la mayoría opositora de insistir con la ley.

Salvo el salteño Sáenz, el resto de los gobernadores contactados en los últimos días por funcionarios de la administración libertaria tienen senadores que les responden. Sin embargo, el panorama no parece haber cambiado y el Poder Ejecutivo podría sumar una nueva derrota legislativa en la Cámara alta.

Además de la ley de ATN la sesión incluirá la denominada “Ley Nicolás”, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Se trata del proyecto que busca establecer controles en la profesión médica para evitar problemas de mala praxis, como el que provocó la muerte de Nicolás Deanna, de 24 años, por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo.

También una modificación al Código Penal que eleva de 4 a 8 años la pena de prisión para los casos de muerte en accidentes viales en los cuales el conductor hubiere consumido estupefacientes, alcohol o medicamentos que disminuyan su capacidad para maniobrar un vehículo.