Después de meses de advertencias por la desactualización de los valores, las empresas productoras de biodiésel confirmaron que este mes se paralizó por completo la producción en la Argentina. Advirtieron, además, que si no hay una corrección urgente en los precios fijados por la Secretaría de Energía en octubre tampoco volverán a producir. La industria del biodiésel tiene 20 años en el país. Este biocombustible se debería mezclar en un 7,5% con el gasoil, pero, dijeron, no se llega a cumplir.

Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), dijo a LA NACION que en septiembre las fábricas ya no fabricaron biodiésel y solo algunas vendieron remanentes para cubrir costos operativos. “Lo único que se entregó fue un remanente; la producción está paralizada”, señaló. En agosto habían alertado que iban a dejar de hacer entregas porque el “descalce es muy grande”.

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El problema para las empresas productoras radica en la brecha entre los costos y el precio oficial. Según Cepreb, producir una tonelada cuesta $1.689.000 —con insumos que incluyen aceite de soja, metanol, mano de obra y gastos adicionales—, pero el valor fijado por la Secretaría de Energía es de $1.408.000. “El desfase es tan grande que no se está produciendo ninguna tonelada”, afirmó Martelli.

Desde hace 15 meses consecutivos el sector señala que los precios se actualizan por debajo de los costos. En algunos meses la brecha se achicó, pero nunca llegó a cubrir los gastos totales de producción. “El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, está literalmente matando a la industria del biodiésel. Nos obligan a vender por debajo del costo. Hoy nos pasa a nosotros, mañana le puede pasar a otro sector”, cuestionó el dirigente.

Por resolución, el corte del biodiésel en el gasoil es del 7,5%. En noviembre del año pasado se mezcló un 4%. En febrero se ubicó en el 6%, en marzo en 5,9% y en abril 6,6%, dijeron en el sector empresario. “La actualización del precio se hizo todos los meses, ininterrumpidamente, pero siempre se hizo por debajo de los costos de producción. Algunos se acercaron al porcentaje, pero en algunos meses cuando el porcentaje es menor cae la entrega”, puntualizó.

Las cámaras que agrupan a las productoras —Cepreb, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba)— se reunieron hace dos semanas con Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería. “Dijeron que entendían los números, que eran ciertos y que el Gobierno no se basaba en la ley de biocombustibles para definir el precio, ni se basaba en la racionalidad, sino en las necesidades del programa macroeconómico. Esta es combatir la inflación y por eso no se hace una actualización de precios porque se espera la ley”, dijo.

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En rigor, señaló que les hicieron hincapié en las prioridades del programa macroeconómico, en particular la lucha contra la inflación. “Existe un mecanismo legal para fijar precios, pero el Poder Ejecutivo dice que no lo va a respetar porque tiene otras prioridades. Nosotros tenemos un programa macroeconómico y la regulación de los precios se va a ir dando paso a paso”, relató que les dijeron.

La suba de los costos también agravó el escenario: el aceite de soja, principal insumo del biodiésel, aumentó tras la baja de las retenciones al grano. “No es lo mismo comprar aceite cuando el dólar estaba a $500 que cuando está a $1550”, dijo Martelli. El metanol, segundo componente clave, también cotiza en dólares, por ende la situación es similar.

“Es el Estado argentino obligando a las empresas a trabajar y vender a pérdida. Hoy le pasa a unos, mañana le puede pasar a otros. Después el Gobierno anda pidiendo inversiones y no es capaz de cuidar a los que ya invirtieron. ¿Quién va a venir a invertir así? Están mandando a la quiebra a una industria que tiene 20 años en la Argentina”, precisó.

El directivo aclaró que por ahora no hubo despidos ni suspensiones, pero las empresas advierten que la situación es insostenible. “Si el Gobierno insiste en obligarnos a trabajar a pérdida, esto va a terminar en suspensiones y después en despidos”, concluyó.

LA NACION consultó en el Ministerio de Economía para conocer una opinión sobre lo advertido por Cepreb, pero hasta el momento no tuvo respuestas.