En una nueva audiencia camino al juicio oral por el caso de los Cuadernos de las Coimas, las defensas de los empresarios que buscan pagar montos millonarios para evitar ser juzgados criticaron la posición de la fiscal Fabiana León, que la semana pasada se opuso sin concesiones a la aplicación de la “reparación integral”.

El abogado de uno de los empresarios, incluso, intentó correrla con una recusación, pero el Tribunal Oral Federal 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, rechazó el planteo y la ratificó al frente del juicio oral, que comenzará el 6 de noviembre.

En la audiencia, que pese a ser virtual atravesó momentos de tensión, los empresarios se quejaron de haber sido tratados como “manada”, al sostener que sus planteos no fueron atendidos “uno a uno” sino en conjunto; y negaron, a su vez, que la ‘reparación integral’ constituya una suerte de “justicia para ricos”.

“El tener la posibilidad de pago no es un estigma ni implica que venga a comprar impunidad”, expresó José María Salinas, defensor del empresario José Paolini, que ofertó más de 800 millones de pesos para librarse del juicio oral.

La mayoría de los ejecutivos pertenecen a su rubro, el de la construcción. Están procesados por el pago de coimas a funcionarios públicos entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas.

Todos se agruparon detrás de la idea de que la opinión de la fiscal León “no es vinculante” y remarcaron que la herramienta de la que echan mano está contemplada en el marco legal, por lo que la discusión solo debería limitarse, dijeron, a si el monto que ofrece cada uno cumple o no con la “integralidad” de la reparación.

“Esa no es la perspectiva que tiene la fiscalía”, contrapuso León, a su turno, cuando contestó un pedido de nulidad del abogado Marcos Salt. “Los defensores no pueden imponerme a mí sobre qué tengo que pronunciarme”, desafió la fiscal.

Al igual que en la audiencia de la semana pasada, para intentar fortalecer su postura, algunos de los defensores no dejaron de señalar cuán inconveniente resultaría llevar adelante un juicio de esta magnitud, donde se juzgarán más de 500 hechos de corrupción y desfilarán más de 600 testigos. También pusieron de resalto la “avanzada edad” de una parte de los empresarios.

Al cruce de este argumento salió la Unidad Investigación Fiscal (UIF), que es querellante en el caso. “Que un juicio sea complejo o extenso no justifica extinguir la acción, exige más compromiso institucional”, afirmó el viernes su representante, el director de Litigios Mariano Galpern.

Los empresarios que buscan evitar el juicio son casi 50. No todos sus representantes legales hicieron hoy uso de la palabra, pero algunos de los que hablaron apuntaron contra la fiscal León, a quien acusaron de forzar la letra de la ley y tener una lectura “antojadiza” de la herramienta, según aludieron de uno u otro modo.

En la pasada audiencia, la fiscal León rechazó de plano la aplicación del mecanismo. Está contemplado en el inciso 6º del artículo 59 del Código Penal y prevé la extinción de la acción penal si hay conciliación con la víctima o una “reparación integral”.

La fiscal sostuvo que aceptar algo de estas características sería “transar o mercantilizar” el delito y darle un “mensaje fatal” a la sociedad.

“En esta fiscalía no se vende impunidad”, señaló León el viernes pasado. Fue una de sus frases más criticadas hoy por el empresariado.

“Pareciera que nuestros defendidos estuvieran pagando para librarse de una inexorable condena. Muy lejos de ello, el instituto que propiciamos está legislado”, alegó Ricardo Saint Jean, abogado del empresario Roberto Juan Orazi, que ofreció poco más de 90 mil dólares para no ir a juicio oral.

“No es esto un beneficio para ricos”, agregó el abogado, al sostener que las cifras no están determinadas por la ley, aunque luego sumó: “En este caso en particular significa que una persona tiene fortuna para cancelarlo”.

Las cifras que ofrecieron los empresarios son actualizaciones de embargos que fueron dictados a su tiempo. El financista Ernesto Clarens, por caso, ofreció el viernes un departamento en Miami y una “embarcación”. Según dijo su abogado, tienen una cotización que ronda el millón y medio de dólares.

Otra cifra significativa fue la del empresario Miguel Marcelino Aznar: ofreció más de 1.100 millones de pesos para reparar el daño y extinguir la acción penal en su contra.

En la audiencia de hoy, celebrada para escuchar las respuestas de los empresarios a la de la fiscal León, no hubo más que defensas sobre la figura de la reparación.

Los representantes de los empresarios insistieron una y otra vez en que “la solución que se busca es propia del derecho penal”.

Trazaron una distinción entre la “conciliación” –que requiere, entienden, un consentimiento entre las partes– y la reparación, que solo debe ser aprobada por el tribunal en el caso de que la considere satisfactoria.

La idea que anima esta posición es la de la Justicia restaurativa, cuyo eje no es el castigo penal, sino la reparación del daño causado.

“No hay un monto dinerario que sea suficiente para dar cuenta del daño”, insistió hoy la fiscal León.

Un planteo recurrente entre los letrados fue que su dictamen no era vinculante. En este sentido, una de las voces más citadas en ambas audiencias fue la de Rosario Alessandretti, defensora junto a Luciano Pauls de los empresarios Adrián y Mauricio Pascucci,

La letrada citó un antecedente de la Casación y destacó el contenido del artículo 30 del Código, el cual señala que el Ministerio Público no puede “disponer de la acción” solo en los casos en que hubiera funcionarios públicos implicados, una visión que fue cuestionada por la fiscal, que entiende que esto alcanzaba también a los empresarios.

El abogado de Marcelo Marcuzzi, Gonzalo Álvaro Díaz Cantón, formalizó un planteo de recusación, pero luego de un cuarto intermedio, el tribunal lo rechazó in limine y con costas. “Resulta precisar que es de excepción y muy restrictiva”, recordó Méndez Signori.

En la audiencia participaron, de manera directa o a través de sus representantes, Armando Roberto Loson; Hugo Alberto Dragonetti; Angelo Calcaterra; Aldo Benito Roggio; Enrique Menotti Pescarmona; Carlos Eduardo Arroyo; Carlos Daniel Román; Ernesto Clarens; Osvaldo Manuel De Sousa; Fabián De Sousa; Cristóbal López; Juan Manuel Collazo; Mario Rovella; Marcelo Marcuzzi; Mario José Maxit; César Arturo De Goycoechea; Roberto Armando Loson; Patricio Gerbi; Pablo José Gutiérrez; entre otros.

También el exjefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el exministro de Planificación, Julio De Vido, entre otros exfuncionarios.