El presidente Javier Milei anunció anoche por cadena nacional que a partir de la aprobación del presupuesto 2026 las personas que cobran una pensión por discapacidad percibirán un aumento del 5% por encima de la inflación estimada. Sin embargo, en el texto que ahora deberá analizar el Congreso se proyecta una reducción de la partida total para este rubro.

Esta caída se explica porque, según el Ministerio de Salud, el año próximo se prevé un recorte en la cantidad de pensiones por invalidez que administra la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) producto de las auditorías que se llevan adelante. Habrá menos pensionados, y en consecuencia, aunque se recorten las partidas totales, a quienes permanezcan en el régimen podrían percibir la suma anunciada por Milei, explicaron las fuentes oficiales.

En el proyecto que presentó el Gobierno se observa que para el año próximo se prevé asignar $4,038 billones para el pago de las pensiones por invalidez que administra la Andis. Se trata de una cifra menor a la asignación actual para este concepto: $4,059 billones, tal como figura en el sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.

El presupuesto de la Andis aumenta, aunque de manera leve: será de $5,21 billones, apenas un 8,3% mayor que la asignación actual ($4,8 billones) que figura en el sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.

El proyecto de presupuesto 2026 establece una reducción en la cantidad de pensiones a entregar a las personas con discapacidad. En el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo se detalla que en la actualidad el Andis administra 1.133.549 pensiones; para el año próximo la cifra se reducirá a 977.943 pensiones. Esto significa que las auditorías continuarán su curso con las respectivas suspensiones y derogaciones.

En lo que respecta al presupuesto para las universidades, el presidente Milei prometió una partida global –que incluye salarios y gastos de funcionamiento, entre otros conceptos- de $4,8 billones, lo que implica una suba del 14,2% respecto de la asignación vigente ($4,2 billones).

Los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que esta suba presupuestaria no solo es insuficiente, sino que agravará el desfinanciamiento de las casas de altos estudios.

“Los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, explicaron en una declaración pública.

En otro orden, el texto del proyecto propone derogar el artículo 9 de la ley de Educación Nacional que establece el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto (PIB).