El anuncio de Javier Milei en cadena nacional sobre el presupuesto 2026 dejó más dudas que certezas en el área de discapacidad. En su discurso, el mandatario prometió que el año próximo las pensiones no contributivas por discapacidad tendrán un aumento del 5% por encima de la inflación. Sin embargo, entre las familias prima la incertidumbre: el incremento se aplicaría recién el año próximo, no está claro si será en un solo tramo o escalonado. Desde el Ministerio de Salud señalan que aún no está definido cómo ni cuándo se implementará el aumento.

Por otro lado, el anuncio del Presidente no incluyó a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, que atraviesan una crisis profunda. El aumento para este sector sí está contemplado en la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que, aunque fue sancionada y cuyo veto fue rechazado, el Ejecutivo aún no promulgó.

En su octava cadena nacional, grabada en la Casa Rosada, Milei presentó el proyecto de presupuesto con un fuerte acento en lo que definió como “equilibrio fiscal”. Entre las cifras que destacó, mencionó que las jubilaciones aumentarían un 5% real, la inversión en salud crecería un 17%, la educación un 8% y las pensiones por discapacidad un 5% por encima de la inflación.

“El futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, aseguró el mandatario, al remarcar que el 85% del gasto proyectado estará destinado a educación, salud y jubilaciones.

Para Gilda Marcela Kriskovich, que es madre de una niña con Asperger y presidenta de la asociación civil Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), el anuncio resulta insuficiente. “Celebro que el Presidente reconozca la vulnerabilidad de las personas con discapacidad y disponga un aumento para quienes perciben pensiones. Pero ese 5% será en 2026 y el problema está ahora”, señaló en diálogo con este medio. Kriskovich, que es prestadora desde 1997, describió un panorama de angustia: “No es una percepción de que no llegamos a fin de mes: es un hecho. Estamos muy angustiados de que no haya una solución inmediata, no podemos sostener más nada”.

La referente explicó que hoy una persona que cobra una pensión por discapacidad percibe alrededor de 270.000 pesos, monto que no cubre necesidades básicas. Además, advirtió que el sistema de Incluir Salud no alcanza a cubrir el 100% de los insumos y tratamientos requeridos. “Las prestaciones se convierten en un privilegio. El que no puede pagar, se queda en su casa. La discapacidad está en emergencia desde hace años y esta gestión nos dejó más invisibles aún”, lamentó.

Kriskovich también puso el foco en la situación de los prestadores: los aranceles están congelados desde octubre de 2024 y los pagos llegan con demoras de entre 60 y 120 días. “Muchas obras sociales todavía no pagaron abril y mayo, y ya estamos en septiembre. Así es imposible sostener los centros, las instituciones y las prestaciones independientes. Peligran no solo las atenciones de este año, sino también las de 2026”, advirtió.

La preocupación también se refleja en las familias que dependen del sistema. Ana Pastrana es madre de Milagros, una joven de 25 años con parálisis cerebral. Para ella, el aumento anunciado por el Gobierno resulta irrisorio. “Me pareció muy poco. Y esperar hasta el año que viene es demasiado, porque todo se devalúa”, expresó.

Pastrana relató que su hija no logra acceder a los medicamentos que necesita. “A Milagros no le entra nada en el vademécum. Es una vergüenza. El 5% tendría que aplicarse ya, porque todo sale más caro y cada día peor. Lo que estamos pasando es una locura”, resumió.

Desde los prestadores de transporte también hay críticas. Daniel Masuzzo, presidente de la Unión de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), remarcó que el anuncio se limita a las pensiones y deja de lado a quienes sostienen el sistema de traslados. “Si al menos hubiesen hablado de un aumento de emergencia inmediato, algo se podría esperar. Pero lo que plantean recién se vería reflejado el año que viene. Mientras tanto, ¿cómo se sostiene el sistema?”, se preguntó.

Masuzzo explicó que el sector enfrenta subas constantes de combustibles y que en lo que va del año no hubo ninguna recomposición tarifaria. “En 2023 ya veníamos complicados y en 2024 los aumentos estuvieron por debajo de la inflación. Hoy no dieron nada. Claramente lo que quieren es llegar al déficit cero sin acompañar a un sector tan delicado como el de la discapacidad”, apuntó.

El anuncio presidencial buscó enviar un mensaje de orden y proyección de crecimiento, pero en el universo de la discapacidad generó frustración. La principal crítica es que el 5% llegará recién en 2026, cuando la crisis actual, señalan, amenaza la continuidad de las prestaciones, los traslados y hasta la cobertura básica de las familias.