La situación no es clara, sostienen los especialistas. De acuerdo con los números detallados en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 que se publicó esta mañana en el Boletín Oficial, podría haber una recuperación de las partidas presupuestarias para la Secretaría de Educación y la función Educación y Cultura de cara a 2026, o podría no haberla.

Todo depende de si se dan las proyecciones de baja de inflación, crecimiento de PBI y baja del tipo de cambio que calcula el Gobierno para el año que viene en este documento. En caso de que así sea, la partida presupuestaria 2026 implicaría un crecimiento del 2,3% para la Secretaría de Educación y un crecimiento del 6,6% para la función Educación y Cultura, calcula Javier Curcio, economista especializado en monitoreo y evaluación de políticas públicas. Estas proyecciones, sin embargo, son muy optimistas, sostiene.

Pese a que los números recién podrán saberse con exactitud el año próximo, dada la improbabilidad de que las proyecciones de los tres ítems se cumplan, Curcio cree que, al menos en el plano educativo, “no hay tal recuperación como la que se había anunciado”.

Ayer a la noche, en su sintética cadena nacional para la presentación del proyecto de ley de presupuesto 2026, en el que el concepto de “equilibrio fiscal” fue repetido más de una decena de veces, Milei eligió detallar al aire particularmente la partida para el ítem Educación.

En la iniciativa que su gobierno envió al Congreso para su aprobación, detalló que está contemplado un incremento a 4,8 billones de pesos de la partida para las universidades nacionales. El Presidente afirmó, a su vez, que el documento presentado propone aumentar en términos reales un 5% las jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en pensiones por discapacidad.

Consultado sobre este 8% por encima de la inflación proyectada del que habló el Presidente, Curcio destacó: “Los números que se ven en el proyecto de ley no llegan a un 8% de aumento por encima de la inflación proyectada, debe estar tomando otro cálculo de inflación”. Sin embargo, afirmó: “De todas formas, es verdad que hay un crecimiento, que se restablece el presupuesto, pero esto solo sucedería si se cumplen los supuestos de inflación, tipo de cambio y producto que proyecta el Gobierno, que son de muy difícil cumplimiento”, sostuvo el analista, quien colabora con Argentinos por la Educación.

De esta forma, sostiene, a niveles generales, la partida presupuestaria para Educación puede o no significar un ajuste dependiendo del cumplimiento de las proyecciones económicas que calcula el Gobierno para 2026 y para finales de 2025.

“En los cálculos que hace el Gobierno en el proyecto de ley de presupuesto, supone que la economía va a crecer mucho más de lo que el mercado cree que va a crecer. Prevé también que este año va a cerrar con una inflación del 24,5%, lo que implicaría que, de acá a que termine el año, la inflación debería mantenerse cercana al 1% mensual. Te diría que esto no es improbable, sino directamente de imposible cumplimiento. El mercado prevé que el año cierre con una inflación cerca del 28%”, sostiene.

Sobre la proyección de inflación para el año próximo, sigue Crucio, el Gobierno calcula una baja y un cierre anual del orden del 10%. “Esto sería posible si se siguiera con la fase recesiva. Pero una fase recesiva sería incompatible con el 5% de crecimiento de producto que el Gobierno supone en el proyecto”, argumenta. Y suma: “El proyecto piensa que, además, cerramos el año que viene con un nivel de dólar menor al que tenemos hoy”.

Puntualmente sobre educación, detalla, se plantea una reversión “muy limitada” del ajuste de los últimos dos años. “Si miras la jurisdicción Educación, ya viene con un ajuste del 45,4% en 2024. Este año, si se logra la inflación del 24%, se sumaría un 12% de ajuste.

El presupuesto para las universidades es un punto del presupuesto educativo que despierta especial crispación social y política. Fue muy debatido tanto en 2024 como en 2025, dados los recortes de partidas que hubo ambos años, el debate legislativo de la ley de financiamiento universitario y el posterior veto de esta ley por parte del presidente.

Las primeras repercusiones se refieren a un incremento que no es suficiente. De hecho, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las instituciones públicas, criticó: “Es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario. Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implican anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”.

Y agregaron: “Para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.

La posición de las universidades nacionales se conoce en pleno conflicto con el Gobierno. De hecho, mañana a partir de las 15 se prevé una protesta frente al Congreso para repudiar el veto a la ley de financiamiento del sector.

En la misma línea, la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuestionó el anuncio de Milei. “El presupuesto presentado por el gobierno nacional ratifica y agrava el ajuste a las universidades”, sostuvo, en un comunicado.

La partida presupuestaria que propone el Gobierno, apunta la universidad, “no hace más que profundizar la inédita crisis que ya atraviesa la UBA” y “ratifica el salario de profesores bajo la línea de pobreza y el recorte en los gastos de funcionamiento para las funciones de educación y ciencia y técnica”.

“Medida en relación al PBI, la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI”, criticaron. Y sumaron: “Luego de dos años de no contar con un presupuesto aprobado, con prórrogas desactualizadas; y tras registrar en 2025 la inversión más baja de los últimos 20 años para educación superior, el proyecto presentado para 2026 consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio y amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes”.

Detallan, a su vez, que la partida prevista para 2026 no contempla la recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades, la actualización de las becas estudiantiles, la “reanudación de las obras de infraestructura y mantenimiento” ni “la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, gravemente afectados en 2024 y 2025”.

Desde la UBA llamaron, a su vez, al Congreso a ratificar la ley de financiamiento universitario para “garantizar la continuidad y el funcionamiento de las universidades públicas en 2026”.