En pos de hacer más eficiente el gasto en subsidios energéticos, el Gobierno incluyó en el proyecto de presupuesto 2026 un artículo que propone derogar una ley sancionada en 2021, impulsada en ese momento por el diputado Máximo Kirchner y por el entonces interventor del Enargas, Federico Bernal. Se trata de la ley de Zona Fría Ampliada, una extensión del régimen creado en 2002 para subsidios al consumo residencial de gas en regiones con bajas temperaturas.

El régimen original nació con el objetivo de aliviar el costo energético de provincias con climas extremos, principalmente las del sur argentino —como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén—, donde la calefacción a gas natural resulta indispensable y la demanda se dispara durante gran parte del año.

Sin embargo, en 2021, el Congreso aprobó una ampliación de este beneficio a través de la ley N.º 27.637, que incorporó al esquema a numerosas localidades de provincias cálidas o templadas, como Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Salta y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Con esa decisión, más de 3 millones de usuarios se sumaron al régimen.

El esquema se financia a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que se nutre de un recargo del 7,15% sobre el precio de gas en boca de pozo (PIST), que pagan todos los consumidores del país (incluidos los usuarios de GNC), sin distinción de categoría o ubicación. Actualmente, ese recargo equivale a unos $720 mensuales.

En mayo pasado, mediante la resolución 219, la Secretaría de Energía avanzó con una primera revisión del régimen. Dispuso una quita parcial de subsidios para los usuarios con más de un medidor de gas registrado a su nombre. En esos casos, los beneficiarios perdieron el descuento del 50% y pasaron a pagar el 70% de la tarifa plena, salvo que acreditaran vulnerabilidad social mediante la Anses.

Según un análisis técnico, se detectaron 137.975 CUIT o CUIL con subsidios en más de un medidor, lo que evidenciaba un esquema mal focalizado, regresivo y deficitario, dijo la Secretaría de Energía. “El resultado fue un esquema que terminó beneficiando a quienes no lo necesitaban. El compromiso es claro: eliminar privilegios, corregir distorsiones y administrar con responsabilidad los recursos del Estado”, agregaron en la cartera que conduce María Tettamanti.

Ahora, el proyecto de presupuesto 2026 va un paso más allá. En su artículo 72 establece de manera escueta la derogación de los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la ley N.º 27.637, publicada en el Boletín Oficial el 7 de julio de 2021. En términos prácticos, la medida implicaría poner fin a la ampliación de la Zona Fría, lo que dejaría sin el beneficio a millones de usuarios de zonas templadas, pero mantendría el régimen original para las provincias del sur.

La iniciativa anticipa un fuerte debate político en el Congreso. El Gobierno argumenta que el gasto en subsidios energéticos es insostenible y que el beneficio se desvirtuó al extenderse a zonas donde no existe un consumo crítico de gas.