Una niña de 11 años se sumó a la lista de las víctimas medicadas con lotes de fentanilo contaminado. Catalina ingresó el 19 de febrero a la Clínica Vélez Sarsfield en Córdoba con una crisis respiratoria, que pudo sobrellevar sin problemas en ocasiones previas, y salió meses después con daños permanentes. Hoy sigue con tratamiento médico en su casa.

“Entre el 23 de febrero y el 5 de marzo pasado se le empezó a inocular fentanilo de manera continuada. Ahí fue cuando su salud empeoró drásticamente. Los galenos a través de los protocolos decidieron inocular esta droga y a partir de ahí su salud empeoró. En esos días y en los posteriores sufrió convulsiones, crisis respiratoria, paro cardíaco, sus secuelas son realmente muy graves desde lo físico, lo psicológico y lo neuronal”, explicaron a LN+ este miércoles Alexis Kohmann y Emiliano Ramallo, los abogados de los padres de la menor, que presentaron una nueva denuncia en la Justicia Federal tras afirmar que Catalina fue medicada con fentanilo contaminado durante su internación. En esa clínica también y en torno a esa misma época fue atendido Giovanni, el chico de 3 meses que aún está internado tras recibir esa droga.

“Los médicos no encontraban respuesta alguna. Desde el punto de vista científico, era un caso raro para ellos. El cuadro de ella era leve. No lo comprendían por falta de información que nadie sabía. Producto de la intubación, le aplican fentanilo y ahí comienza el camino en el deterioro de su salud. Seguían inoculando con esta droga y esto hacía que se agravara la situación”, añadieron.

A su vez, remarcaron, en base a pericias médicas y a la historia clínica de la niña , que el cultivo previo a la administración de la droga no arrojó resultados positivos de las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica. Sin embargo, luego de la inoculación, sí se halló en su organismo uno de esos gérmenes contaminantes.

“Cuando se hace público y notorio lo del fentanilo contaminado, la clínica se da cuenta de lo propio, pero le notifica a nuestros clientes pocas semanas atrás de la situación. Circulaba entre pasillos que había una adolescente que capaz había sido contaminada con fentanilo, pero no se sabía quién era. Y los padres se toparon con la triste situación”.

Los defensores de los padres de Catalina aseguraron que toda su estrategia judicial se basa en un pedido fundamental de ella: “No quiero que pase nunca más”. En ese sentido, reclamaron ante la justicia sanciones para los laboratorios responsables -HLB Pharma y Laboratorios Ramallo- y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

“La certeza de los lotes del fentanilo contaminado la tenemos. Por eso es que la acción tanto penal como civil en dirección de los responsables de los laboratorios y a su vez del organismo de control de la ANMAT. No debemos olvidar quien permitió la circulación y comercialización de esa droga es este organismo que en 2016 tenía un control mucho más estricto a través de un seguimiento en el trazado de la circulación de estas drogas que hoy no tenemos. No se actuó a tiempo y se demoró el retiro de los lotes contaminados en las distintas instituciones clínicas”, apuntaron.

En estos días, la fiscal federal Laura Roteta busca dilucidar si la “ineficiencia recurrente” que registró la tarea de los organismos públicos encargados del control de los laboratorios podría constituir “negligencia, connivencia o complicidad” en los sucesos investigados en la causa en la que se ordenaron las detenciones de Ariel García Furfaro y otros nueve directivos y responsables técnicos los laboratorios que produjeron el fentanilo contaminado.

En ese sentido, los abogados ampliaron: “Entendemos que la responsabilidad directa recae sobre los hombros de los laboratorios y obviamente sus directivos pero este agravamiento de la situación sanitaria a nivel país recae sobre la ANMAT. Es inentendible que los padres se tengan que enterar meses después de esta situación, que haya potenciales damnificados que aún no sepan con qué lo han inoculado”.

Y concluyeron: “Buscamos lograr la prisión efectiva de esas personas logrando si se quiere un efecto ejemplificador y, desde el punto de vista civil, buscamos la sanción pecuniaria disuasiva para que esta empresa piensen hacer bien las cosas a futuro y no les salga más barato pagar una indemnización que readecuar su sistema de trabajo. Por último, hemos planteado una pretensión preventiva con 35 medidas que va dirigida a diferentes personas jurídicas, entre ellos diferentes nosocomios, incluso ANMAT para que se siga un protocolo pertinente de respuesta inmediata de información y esto no termine generando más daños”.