El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó hoy que un juez federal en lo civil y comercial ordenó el “cese inmediato” de la difusión de los audios “grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada”.

En paralelo, gobierno nacional presentó otra denuncia, en la justicia federal penal, también por los audios que se conocieron el viernes pasado con una voz que pertenecería a Karina Milei.

Esta presentación fue hecha por el Ministerio de Seguridad de la Nación y por sorteo recayó en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini.

En 20 páginas, el Gobierno pidió que que se prohíba la difusión de nuevas grabaciones. En ese sentido solicitó que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.

La denuncia se conoció apenas pasado el mediodía de este lunes, a través de la cuenta de la red social X de Adorni. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo .No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, señaló el vocero.

La denuncia ante la Justicia Federal, a la que tuvo acceso LA NACION, es por considerar que hubo una operación de inteligencia ilegal destinada a “desinformar” y “desestabilizar” el proceso electoral, “con presunta influencia extranjera”.

Según consignaron en la presentación, que lleva la firma de Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera dirigida por Patricia Bullrich, la maniobra consistió en la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”.

“Las conductas ilícitas objeto de esta presentación forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520 (de Inteligencia)”, sostuvieron en la denuncia.

Y apuntaron que “el propósito de sus autores es influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.

Entre los responsables identificados para el Gobierno se mencionan el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quien consideran un operador judicial vinculado al exdirector de la SIDE, Fernando Pocino.

La presentación advierte que las grabaciones podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada, “lo que constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.

“Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”, agregaron en Balcarce 50.

“La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas”. Por eso, la denuncia solicita “medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral”, señalaron en la Casa Rosada.

Desde el Gobierno agregaron que “no se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia”.

La filtración de los audios se concretó el último viernes, tras más de una semana en la que la administración libertaria sufrió los embates de otras grabaciones: las que tienen la voz del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo y en las que se habla del cobro de supuestas coimas en el área.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.

Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar…

El contenido de esos audios, desmentidos categóricamente por la Casa Rosada, mencionan que esas presuntas coimas eran para la hermana del Presidente y su hombre de confianza, Eduardo “Lule” Menem.