En la audiencia de impugnación celebrada ayer el Ministerio Público solicitó que la condena de un año y medio de prisión en suspenso e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos que se dictó en septiembre pasado en contra de el ex intendente justicialista de Fernández Oro, Juan Reggioni, su hijo, su esposa y una cuarta mujer sea confirmada en toda su extensión.
La solicitud fue planteada ayer por el fiscal Guillermo Merlo y la fiscal adjunta Vanina Bravo.
Los recursos presentados por las defensas de los imputados fueron los que a la sentencia dictado por el Juez Álvaro Meynet que intervino en el debate, motivaron que el Tribunal de Impugnación convocara la audiencia.
La misma comenzó con la exposición de agravios por parte del defensor particular Pablo Barrionuevo, representante legal de el ex jefe comunal orense, su esposa y la cuarta imputada, quien requirió que la sentencia sea anulada y que sus clientes sean absueltos.
Para lo anterior, el abogado sostuvo que el lote en cuestión hasta el día de la fecha es propiedad de la damnificada por la maniobra.
La defensora oficial Silvana Ayenao que asiste al hijo del ex jefe comunal, solicitó que se revoque la sentencia en contra de su tutelado entendiendo que no se había acreditado el dolo que la figura legal requería y que el mismo no se había beneficiado económicamente con el traspaso del poder del lote social.
El fiscal del caso, Guillermo Merlo, solicitó que la condena sea confirmada en toda su extensión. Al respecto consideró que no se había realizado una crítica seria y razonada al fallo, sino que se habían reeditado los mismos argumentos expuestos durante el juicio sin detallar los motivos por los cuales las valoraciones del Juez que intervino en el debate eran erróneas.
El hecho por el cual fueran condenados los cuatro imputados, tuvo su origen en la confección de una serie de documentos que tenían como fin hacer ingresar al patrimonio familiar del ex jefe comunal orense un lote social que había sido adjudicado a una mujer de escasos recursos por parte del Municpio de Fernandez Oro.
Puntualmente, la maniobra consistió en la firma de un documento en octubre de 2010 que otorgaba un poder especial por parte de la víctima en el caso en favor de una mujer quien tiempo después lo transfirió el mencionado poder en favor del hijo del ex intendente.
En el año 2015, el hijo del ex mandatario escrituró el terreno en representación de la víctima mediante escritura pública y actuando su padre como representante del ejecutivo municipal, siendo imposible que ellos desconozcan el vínculo familiar que existía entre ambos.
Posteriormente se procedió a la construcción de un vivienda unifamiliar en el lugar, la cual – siguiendo la acusación – habría sido alquilada mediante un contrato firmado por la esposa del ex intendente, ingresando los montos previstos por los alquilares al patrimonio familiar del referente político local. Tras un incendio ocurrido en la vivienda, el inquilino intentó que el ex jefe comunal reconociera parte de las pérdidas económicas sufridas por el siniestro, circunstancias en las cuales grabó una conversación donde el ex mandatario explicaba que a fines de este año transferirían la propiedad del terreno a nombre de su nieta.
“Todas las maniobras y actos simulados no hacen otra cosa que poner evidencia el verdadero propósito de hacer ingresar como sea el bien al patrimonio familiar”, concluyó el Juez de Juicio Álvaro Meynet en la sentencia condenatorio de los acusados.
El Tribunal de Impugnación integrado de Miguel Cardella, Rita Custet Llambí y Adrián Zimmermann informó que dará a conocer su resolución del caso en el plazo de 20 días hábiles.
La denuncia había sido radicada por el actual intendente de esa ciudad, Mariano Lavin.
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