Referentes de las distintas líneas del PRO rionegrino siguen expresándose contra la intervención de la empresa Vicentin, una de las principales cerealeras del país, dispuesta por el gobierno nacional. Calificaron la medida como inconstitucional y consideraron que es una mala señal para los inversores.
Aníbal Tortoriello, presidente del PRO de Río Negro, se sumó a las voces de rechazo a la intervención y proyecto de expropiación de la empresa Vicentín. “Es una muy mala señal para los que invierten en la Argentina y una preocupación para todos los que sostienen con su esfuerzo una empresa o un comercio”.
El ex intendente cipoleño se manifestó “en un todo de acuerdo con lo expresado por nuestro representante en la Legislatura, Juan Martin, que advirtió sobre el avance de este Gobierno sobre quienes sostienen la economía y lo que puede implicar para todos los comerciantes y empresarios que están atravesando un momento difícil por la cuarentena”.
“Ya sabemos cómo terminan las expropiaciones del kirchnerismo”, dijo Tortoriello en una nueva coincidencia con el legislador Juan Martin. “YPF, Aerolíneas y Ciccone son claros ejemplos de lo que no hay que hacer con una empresa y nos terminaron costando una verdadera fortuna”, señaló.
Por su parte el dirigente roquense Nicolás Suárez Colman consideró que "el anuncio de Alberto Fernández sobre la intervención y expropiación de Vicentin SAIC es alarmante y excede lo razonable. No se trata de "soberanía alimentaria", pues como todo relato K es puro verso y sarasa.
El abogado macrista consideró que "el exceso en el ejercicio del poder perjudica gravemente las inversiones. Los privados necesitan seguridad jurídica y previsibilidad. De ésta forma altera el mercado y genera graves consecuencias en el mercado de granos. El argumento de que ya no es una empresa viable coloca a la mayor parte de las empresas radicadas en el país en la misma situación, la crisis económica producto de la cuarentena eterna esta destruyendo la iniciativa privada".
El dirigente roquense consideró "importante no dejar de movilizarse ante semejante avance del Estado sobre la propiedad privada, porque las consecuencias que derivan de éste accionar nos va a costar miles de millones de dólares a todos los argentinos. Como pasó con YPF y Aerolíneas Argentinas".
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