Un proyecto de Ordenanza presentado por el titular del Parlamento viedmense permitirá que familias accedan a créditos hipotecarios para cumplir el sueño del techo propio

El presidente del Concejo Deliberante de Viedma, Pedro Bichara, presentó un proyecto de Ordenanza para que tenedores precarios del Barrio “Carlos Larreguy” de la capital rionegrina puedan escriturar sus terrenos y así  acceder a créditos hipotecarios u operatoria similar.

“Esta medida es una herramienta que aparece como el resultado de encuentros mantenidos con familias que han manifestado la necesidad de encontrar caminos de solución”, explica Bichara

La normativa, que limita la excepción “a los casos en que el interesado acompañe constancia emitida por entidad bancaria o financiera”, es el resultado de una política de respuestas  concretas en el cumplimiento de uno de los Derechos esenciales como es el acceso a la vivienda.

Como se recordará el Instituto de Planificación y Promoción para la Vivienda (IPPV) realizó en el Barrio Carlos Larreguy las obras de agua y tendido eléctrico, por un monto que, actualizado, supera los 800 millones de pesos.
“Además, ésta gestión municipal, en un claro ejemplo de concepción de la función de un Estado Comunal,  ha invertido –también en valores actuales- más de 100 millones de pesos en la ejecución de obras de infraestructura como enripiado, aperturas de Calles y Cordón Cuneta, lo que significa trabajar para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos”, agregó el parlamentario.

En los fundamentos Bichara indica que “la experiencia local muestra que la obtención del título de propiedad fortalece el sentido de pertenencia y el arraigo, promueve la superación personal y la mejora del entorno barrial e integra formalmente el inmueble al patrimonio de su titular, habilitando el acceso al sistema de crédito en condiciones más convenientes”.

“Resulta pertinente instrumentar con carácter de excepción y bajo estrictos recaudos de control una vía especial de adjudicación en venta destinada a tenedores precarios con preclasificación o trámite crediticio avanzado como continuidad de un compromiso institucional para mejorar el acceso a la tierra y a la vivienda aún en este contexto de restricciones macroeconómicas y desfinanciamiento de programas federales”, concluyó Bichara