El legislador Juan Martín, junto a María Laura Frei, Ofelia Stupenengo, Martina Lacour y Juan Murillo Ongaro, presentó un proyecto de ley para declarar el Estado de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario en todo el territorio rionegrino por el término de un año. La iniciativa busca brindar herramientas extraordinarias para revertir la “espiral delictiva y de violencia que atenta contra la vida pacífica y en sociedad”, ante un diagnóstico que advierte “un notable incremento de hechos de inseguridad que comprometen la integridad de los vecinos”.

Los fundamentos de la propuesta subrayan un cambio alarmante en la modalidad de los delitos en la provincia, señalando que “se ha traspasado el límite de los hurtos simples hacia hechos de mayor gravedad”. Al respecto los autores afirman: “Advertimos con preocupación cómo se ha ido traspasando ese límite, con irrupción en viviendas con sus ocupantes por medio de violentos amedrentamientos; asaltos a mano armada en vía pública y en cualquier horario del día”. El proyecto sostiene que es “imperioso que el Estado recupere su presencia de manera eficaz para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Para operativizar esta respuesta el proyecto propone la creación del “Fondo Provincial para la Emergencia en Seguridad” con una partida de hasta $42.000 millones. Este financiamiento se destinaría a un plan de reequipamiento que incluye la adquisición de 200 patrulleros blindados, 200 motocicletas, 3.000 chalecos antibalas y armamento, además de la modernización del sistema 911 y la expansión de la videovigilancia. Según el texto, el estado actual de muchos móviles los hace “prácticamente inútiles para su fin, lo que justifica la urgencia de la inversión”.

En cuanto a la gestión del personal, la ley facultaría al Ministerio de Seguridad y Justicia a convocar a personal policial retirado para funciones operativas, siempre que no posean antecedentes por delitos de lesa humanidad o sanciones disciplinarias. Asimismo, se contempla la capacitación de empleados de otras áreas públicas para tareas administrativas, con el objetivo de asignar a la mayor cantidad de efectivos posibles a las labores de prevención y lucha contra el delito en el territorio.

Finalmente, la propuesta introduce cambios en el sistema penitenciario mediante la implementación de audiencias virtuales para internos, buscando reducir costos y riesgos de traslados. Los legisladores consideran que el sistema actual se rige por una “normativa que deviene en arcaica considerando los medios tecnológicos disponibles”. La autoridad de aplicación deberá presentar planes de inversión y rendir cuentas de forma bimestral ante una comisión de seguimiento legislativo.