El objetivo de la iniciativa es brindar protección a los testigos y denunciantes que, de buena fe, informen o presten declaración ante una autoridad competente respecto a actos vinculados a hechos de corrupción.

La iniciativa busca resguardar a estas personas frente a situaciones que puedan generar una afectación a su vida, a su integridad psicofísica, un menoscabo en sus bienes o un perjuicio en su relación laboral.

La propuesta es impulsada por los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene (UCR). En los fundamentos del documento, los autores destacan la importancia de la colaboración ciudadana para romper los pactos de silencio corporativos y afirman que “atacar la corrupción de raíz es posible, sólo se requiere voluntad y responsabilidad política a efectos de que el conjunto del modelo institucional y social asuma como elemento estructural, la integridad y la ética pública”.

 Asimismo, subrayan que, ante las posibles represalias, el Estado tiene “la obligación de proteger a quienes hagan visibles estos actos”.

El texto establece que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas será la autoridad de aplicación encargada de coordinar la implementación de este régimen.

El sistema prevé medidas de protección personal que incluyen, entre otras, la presencia de personal policial de consigna, el cambio de residencia a un lugar reservado, asistencia médica y psicológica gratuita, y un subsidio económico para mantener el nivel de vida del denunciante.

En el ámbito del trabajo, el proyecto garantiza medidas para evitar y frenar despidos, suspensiones o acosos derivados de la denuncia, permitiendo incluso que, en caso de despido en el sector privado, el trabajador afectado pueda considerarse despedido sin causa y percibir el doble de la indemnización.

Con esta sanción, la provincia se alinearía con las directrices de la Convención Interamericana contra la Corrupción.