El objetivo es asegurar que quienes ocupan cargos de jerarquía desempeñen sus tareas en condiciones compatibles con el puesto, libres del consumo de sustancias psicoactivas que puedan comprometer la toma de decisiones.

Se trata de un proyecto de ley presentado por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) y alcanza al gobernador, ministros, legisladores, jueces, miembros del Ministerio Público y de la cúpula policial, quienes deberán tramitar un certificado psicofísico anual. 

La iniciativa detalla que esta exigencia funciona como “una garantía institucional para la ciudadanía, orientada a preservar la calidad del servicio público, la responsabilidad en la toma de decisiones y la transparencia de la gestión estatal”.

Sorteos sorpresivos y resguardo de la salud

Para asegurar la imparcialidad, los exámenes se llevarían a cabo de manera sorpresiva a través de un “sorteo trimestral administrado por Lotería de Rio Negro”. Este mecanismo seleccionará aleatoriamente al 12,5% de los funcionarios alcanzados por la ley en cada instancia, exigiéndoles someterse a un examen psiquiátrico, rinoscopía y análisis completos de sangre y orina.

El texto aclara que la regulación no tiene un fin punitivo, sino que contempla “mecanismos de contraprueba, derecho de defensa, confidencialidad de la información y resguardo del debido proceso administrativo”. 

Además, si los informes médicos arrojan que un funcionario atraviesa una situación de consumo problemático, el Estado deberá “fijar las medidas terapéuticas tendientes a su recuperación”, enmarcando el tratamiento obligatoriamente dentro del régimen de licencias laborales vigente.