La reunión de la comisión de Educación de la Legislatura de Río Negro registró reclamos del gremio docente Unter, por el cierre de escuelas rurales.

Al inicio de la reunión, la legisladora Magdalena Odarda (VcT), ante la presencia de representantes del gremio docente Unter, pidió el tratamiento del proyecto de ley que busca prohibir el cierre definitivo o transitorio de escuelas hogares y residencias rurales en localidades de hasta 2000 habitantes. 

En su intervención, enfatizó la urgencia de proceder a la reapertura de los establecimientos educativos que ya fueron cerrados, mencionando como ejemplo a la comunidad educativa de Cerro Alto, la cual obtuvo una sentencia favorable para su reapertura. Asimismo, destacó la necesidad de reincorporar a todos los docentes y auxiliares que perdieron sus puestos o vieron modificadas sus condiciones laborales a causa de estas clausuras.

Por su parte, los representantes del gremio docente UNTER respaldaron el proyecto y expusieron una postura fuertemente crítica hacia las políticas del Ministerio de Educación.

Laura Ortiz, secretaria general de UNTER, denunció un “avance sistemático” sobre las escuelas rurales y desmintió que los cierres sean “transitorios”. Exigió a los bloques legislativos que tomen una postura clara frente “a la pérdida de cargos y cierres de escuelas”, afirmando que cerrar estas instituciones no es la solución y afecta gravemente a las comunidades.

Un representante gremial relató que la Escuela 152 de Cerro Alto fue cerrada provisoriamente bajo el argumento oficial de la falta de agua, lo cual fue desmentido en el lugar por la comunidad. Denunció que, tras ganar un recurso de amparo en la justicia para restituir a las familias, se encontraron con que el edificio escolar estaba siendo ocupado y usufructuado por empresas privadas.

Un maestro rural de UNTER y CTA testificó haber sufrido la pérdida de su fuente laboral en dos oportunidades debido al cierre de la escuela hogar en Sierra Pailemán y la residencia en Nahuel Niyeu. Acusó al Ministerio de ignorar la normativa vigente y utilizar la supuesta falta de matrícula como excusa para ejecutar “cierres encubiertos” y ajustes contra los docentes en territorio.

Otra representante apoyó el proyecto subrayando que la escuela rural es una conquista histórica de derechos y de igualdad de oportunidades. Alertó que actualmente se están modificando y vulnerando los criterios de inscripción para vaciar las escuelas. Remarcó que estos cierres “quitan un espacio vital de contención para estudiantes que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad económica y social”, por lo que suplicó que se sostenga la infraestructura y al personal de estos establecimientos.