Ante las crecientes dificultades de acceso al empleo que enfrentan las personas con discapacidad en Río Negro, se presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que condiciona la habilitación y renovación del registro de proveedores del Estado a la inclusión laboral de este colectivo. La iniciativa exige a las empresas interesadas en contratar con el sector público incorporar al menos a una persona con discapacidad bajo la modalidad de prácticas de formación o pasantías remuneradas.

El texto fue impulsado por el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), quien reeditó una propuesta similar presentada durante 2024. El diagnóstico que motiva la norma surge de relevamientos realizados en escuelas laborales y organizaciones no gubernamentales (ONGs) de la provincia, los cuales reflejan barreras persistentes para la inserción laboral de esta población.

"La falta de inclusión no solo limita el desarrollo profesional de las personas con discapacidad, sino también su integración social y su independencia económica", señalan los fundamentos del proyecto, apoyados en los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Si bien la normativa vigente impone un cupo del 4% para el personal en la administración pública nacional y provincial, esa exigencia no alcanza al ámbito privado. Con este proyecto se busca extender la responsabilidad social a los privados que operen comercialmente con el Estado.

Puntos clave de la propuesta

• Requisito excluyente: Las empresas que no cumplan con la incorporación de al menos un pasante no podrán inscribirse ni renovar su matrícula en el registro de proveedores provincial.
• Fiscalización conjunta: El control estará a cargo del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, y el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad.
• Registro de postulantes: Los organismos involucrados deberán elaborar y mantener actualizada la nómina de escuelas laborales y ONGs habilitadas para la formación de los candidatos.

De ser sancionada la ley, la reglamentación quedará en manos del Poder Ejecutivo provincial, que dispondrá de un plazo de noventa días para su puesta en marcha.