Con el objetivo de responder a las nuevas formas de hostigamiento en entornos digitales, la Legislatura rionegrina aprobó por unanimidad en primera vuelta un proyecto que actualiza la ley de prevención del grooming. La iniciativa busca robustecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente a delitos que evolucionan a la par de las nuevas tecnologías.

La modificación a la normativa vigente —implementada originalmente en 2014— incorpora de manera explícita prácticas como la sextorsión, las amenazas con la difusión de material íntimo y la utilización de herramientas de inteligencia artificial para la alteración o fabricación de imágenes, videos y audios falsos con fines de intimidación.

Más allá de la distancia física

Uno de los ejes centrales del texto aprobado radica en reconocer que la violencia digital no requiere necesariamente un acercamiento presencial. En este sentido, la norma contempla situaciones en las que los menores son coaccionados a través de pantallas para producir contenidos de naturaleza sexual o entregar datos filiatorios sensibles.

Asimismo, el proyecto introduce directrices específicas para las familias y los establecimientos educativos, enfocándose en la detección temprana de riesgos, la prevención de la revictimización y la correcta preservación de elementos probatorios —como capturas, audios y perfiles— que resulten claves para eventuales investigaciones judiciales.

Consenso legislativo y miradas complementarias

Durante el debate en el recinto, legisladores de distintos bloques destacaron la importancia de lograr una herramienta legal sin fisuras partidarias. Desde la autoría de la iniciativa se remarcó la necesidad imperiosa de anticiparse a modalidades delictivas que utilizan identidades falsas, especialmente en plataformas de alta masividad como Telegram.

Si bien el proyecto cosechó un respaldo total, el intercambio parlamentario también dejó espacio para advertir sobre la velocidad con la que avanza la tecnología frente a los tiempos legislativos. En esa línea, referentes de la oposición plantearon la necesidad de profundizar el abordaje integral frente a problemáticas conexas, como el ciberbullying y la ludopatía digital, marcando que el desafío estatal exige un compromiso activo y permanente de toda la sociedad para resguardar a las infancias en la red.