Con el foco puesto en endurecer los mecanismos de control sobre personas judicializadas, la Legislatura rionegrina dio media sanción por unanimidad a una iniciativa que prohíbe la circulación nocturna de quienes portan dispositivos de monitoreo electrónico. La medida fija una restricción obligatoria entre las 20 y las 8 de la mañana siguiente, aplicándose tanto a condenados con prisión domiciliaria como a imputados bajo medidas cautelares con tobilleras, sin excepciones que no sean emergencias médicas debidamente justificadas.

El proyecto, impulsado por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, busca unificar criterios y evitar baches legales que permitan salidas transitorias en horarios nocturnos, un segmento horario donde —según se argumentó— se registra un alto porcentaje de violaciones a perímetros, especialmente en casos de violencia de género.

Cuestionamientos y debate sobre los recursos de control

A pesar del acompañamiento unánime de los bloques, el tratamiento legislativo estuvo atravesado por fuertes cruces respecto a la capacidad real del Estado para fiscalizar la medida.

Desde la oposición, la legisladora Martina Lacour advirtió sobre la desproporción operativa al señalar que la provincia cuenta con 463 personas monitoreadas electrónicamente y solo siete agentes distribuidos en turnos para supervisar el sistema. Asimismo, puso sobre la mesa el impacto de casos resonantes en la provincia para cuestionar la eficacia preventiva de los dispositivos.

Por su parte, el oficialismo defendió la herramienta legislativa y rechazó que existieran fallas estructurales. Argumentaron que el monitoreo cumplió un rol clave en investigaciones recientes —aportando trayectos y ubicaciones para esclarecer delitos— y destacaron una inversión millonaria en tecnología aplicada a la seguridad pública (cámaras inteligentes y lectores de patentes) para dotar de mayor eficiencia a las fuerzas provinciales y a la actuación judicial.

La discusión dejó en evidencia la compleja articulación entre la normativa legal, la responsabilidad de los jueces en la aplicación de las penas y las demandas ciudadanas frente al delito, en un debate que continuará su curso en el ámbito legislativo.