Santagati expuso un resumen del trabajo presentado el mes de diciembre sobre la actuación del organismo durante los años 2021-2022, período que comprende la finalización de su primer mandato y el comienzo del segundo.

Acompañada por su adjunto, Álvaro Larreguy, contextualizó el informe en las consecuencias sociales y económicas que dejó la emergencia sanitaria por covid-19, y evaluó que la crisis derivada de esta pandemia impuso la necesidad de repensar el funcionamiento de la burocracia estatal, “un cambio cultural sobre el que venimos insistiendo y que genera muchas resistencias”.

En este sentido, reclamó que no se trata de replicar la misma forma de trabajar con más tecnología, lo que denominó burocracia digital, sino de aprovechar las herramientas tecnológicas “para hacerle la vida más sencilla a la gente”.

“Sí, las nuevas tecnologías transforman a diario la vida de las personas pero la Administración Pública sigue haciendo lo mismo de siempre, así lo único que lograremos es un Estado impotente para responder  la progresiva ampliación de derechos de la ciudadanía”, remarcó la defensora.

“A diferencia de lo que ocurre cuando se trabaja bajo el paradigma burocrático, el paradigma de la eficiencia permite encontrar soluciones en menor tiempo.”, explicó Santagati.

Sostuvo que el esquema de trabajo de la Defensoría prioriza las instancias de diálogo y participación, y la conformación de grupos de tarea con actores involucrados, poniendo en el centro a la persona afectada y buscando acuerdos para que, desde las competencias propias de cada organismo, se pueda lograr la restitución de los derechos vulnerados.”