“A las notorias diferencias en la cuestión de fondo planteada se les sumó en las últimas horas la interpretación de la Procuraduría General de la Nación, que sobre el caso rionegrino entiende que se trata de un tema de índole estrictamente provincial por no vulnerarse la Constitución”, aseguraron desde el oficialismo en torno a la situación.

Además, advirtieron que si los jueces resolvieran los casos de Río Negro y La Rioja al mismo tiempo “se correría el riesgo de soslayar las notorias diferencias entre un caso y otro”.

Diferencias

“En La Rioja, la UCR y el PRO atacan directamente el proceso de reforma constitucional a través de una enmienda encarada por el gobernador Casas, mediante la cual se pretende habilitar una nueva reelección. En Río Negro no hubo reforma de la Constitución”, manifestaron desde el oficialismo.

En efecto, el amparo presentado por el FpV rionegrino pide certezas respecto del alcance de una norma jurídica local que, ya aclararon los jueces del Superior Tribunal de Justicia, permite a Weretilneck a presentarse nuevamente como candidato. “El STJ destacó que el gobernador no fue electo en dos oportunidades consecutivas para ocupar la cabeza del Poder Ejecutivo”, graficaron en Juntos.

La disputa trasladada a jueces de otra jurisdicción “gira en torno a una cuestión de interpretación jurídica de los artículos 175 y 180 de la Constitución Provincial, ya que el oficialismo considera que el único mandato para el cual Weretilneck fue electo gobernador fue el del período 2015/19, porque antes asumió en virtud de la Ley de Acefalía, luego del asesinato de Carlos Soria a manos de su esposa, Susana Freydoz”, contemplan los argumentos del oficialismo.

En cambio, en La Rioja, la UCR y el PRO, promovieron una acción de amparo basado en la Constitución Nacional para que declare la invalidez de la enmienda de la Constitución provincial. En La Rioja no hay una disputa en torno a la interpretación de un artículo, sino que se están atacando una serie de medidas legales en el proceso de reforma de la Constitución.

“En Río Negro, el FpV pretende que la Corte delimite y dilucide el alcance de una disposición de la Carta Magna (el artículo 175 y sus concordantes) e, indirectamente, buscan atacar la legítima y fundada interpretación que ya han brindado los órganos jurisdiccionales locales”, diferencian en Juntos.

En este caso, “está el agregado de que el FPV omitió respetar las vías pertinentes para atacar la sentencia del Superior Tribunal (como un recurso extraordinario federal), en un intento de desestabilizar un proceso electoral”, concluyeron.

En Juntos confían en que la Corte contemplará las diferencias y determinará que se trata de una disputa judicial de orden provincial.