El sindicato considera que las exenciones vigentes en relación al tributo deben mantenerse inalterables en la provincia, y los ingresos de todos los trabajadores estatales no pueden ser alcanzados por un nuevo régimen impositivo para esta materia.

“La aprobación de esta ley implicaría un ataque grave a los derechos de todos los trabajadores estatales. No podemos ser los empleados públicos los que paguemos el costo del ajuste tramado por el FMI o financiemos con la baja de nuestros salarios la disminución de los Ingresos Brutos”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Desde ATE históricamente se reclamó la eliminación plena del impuesto, ya que la fuerza de trabajo no puede estar sujeta a este tipo de gravámenes y sí deben estarlo aquellos sectores que en nuestro país han acumulado fabulosas utilidades en las últimas décadas, como la renta minera, petrolera, los bancos, entidades financieras, casinos y salas de juego, entre otros.

El gremio cuestiona también las supuestas justificaciones que dan sustento a la norma propuesta y repudia que su impulso se deba a la necesidad de ajustarse al Pacto Fiscal firmado con Nación y en compensación de la baja progresiva del impuesto a los Ingresos Brutos.

El texto del proyecto prevé eliminar las exenciones para poder ampliar la recaudación a través de las ganancias y en su articulado estipula derogar toda disposición o norma que exceptúe de manera total o parcial la aplicación del tributo.

Por último, la entidad sindical criticó los potenciales perjuicios que esta ley ocasionaría a una gran parte de agentes estatales, más allá de la comisión propuesta para evaluar su impacto en 90 días.