El vicegobernador, Pedro Pesatti, habló del presunto caso de corrupción de menores que investiga el Ministerio Público e involucra al legislador Javier Iud y al intendente de San Antonio, Luis Ojeda, entre otros. “Me sorprendió muchísimo”, dijo. Evitó compararlo con el caso de Rubén López, aunque aseguró que si existiera un pedido judicial para el desafuero del parlamentario del Frente para la Victoria, se otorgaría.

“Me sorprendió muchísimo” dijo Pesatti hoy en AM La Carretera. “He seguido el caso en los medios” comentó. Y evitó comparar esta denuncia con el caso López, el ex parlamentario de JSRN, que fue juzgado en dos oportunidades por abuso sexual.

Al ser consultado si este caso podría seguir los pasos de López, indicó: “hay dos cosas: una es la que hicimos como partido, la otra fue la actuación judicial”. Y explicó que “la decisión de Juntos fue, cuando tomó estado público la denuncia, reunir la Comisión Plenaria y solicitarle que pidiera licencia sin goce de haberes hasta que se aclarara el tema. Sus colaboradores también fueron desvinculados. Y cuando fue imputado y después procesado, pedimos que renuncie al cargo, porque nos parecía que su presencia en la Legislatura era insostenible”.

“En el caso de Iud, será el bloque del FPV quien defina qué hacer, porque hasta ahora la Justicia no le ha hecho llegar ninguna solicitud a la Legislatura” agregó, dijo: “no puedo opinar más porque la causa está en una instancia judicial preliminar”.

Pero aseguró que “por supuesto, que si hubiera un pedido de desafuero de la Justicia, es política nuestra, tratarlo y otorgarlo”.

Sobre ese tema, recordó que en el caso López “nunca hubo pedido de la Justicia a la Legislatura para que le quitemos los fueros. Se quedó sin fueros cuando renunció”.

Pesatti marcó así la diferencia entre el accionar de Juntos y el FPV sobre casos similares. Y recordó que cuando surgió la denuncia contra el ex legislador oficialista, “los pedidos que vinieron de parte del Frente para la Victoria fueron muy fuertes, pidieron hasta que el gobernador le revoque el mandato, y López no había siquiera sido imputado”.

Por eso, reiteró que “ahora la definición es del FPV” que son “quienes deberán mostrar si tienen coherencia o no”.

Sin embargo, adelantó que “desde el punto de vista político no vamos a emitir opinión para que nada se malinterprete”.