Los legisladores del FDT Marcelo Mango y Ramón Chiocconi, exigieron al Gobierno provincial la urgente puesta en funcionamiento del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, creado por Ley 4621,  en el año 2011.   

El reclamo fue formalizado a través de su presentación ante el presidente de Legislatura provincial, Alejandro Palmieri “con el fin exigir que se instrumenten todos los mecanismos institucionales necesarios para la urgente puesta en marcha del Comité Provincial; que posibilite abordar las reiteradas problemáticas, los reclamos y las prácticas violentas que se han profundizado en los penales de nuestra provincia a partir de la pandemia causada por el COVID 19”, señaló el legislador Mango.

Mango expresó que “esa Ley tenía varias deficiencias el organismo no tenía presupuesto para llevar adelante la tarea; quienes fueran integrantes del Comité contra la tortura, luego de pasar por una selección y aprobación a cargo de la Legislatura de Río Negro, no percibirían ningún salario y para poder hacer público un informe o denuncia debían realizar un procedimiento previo. Aún así, al haberse creado para controlar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la prevención de la tortura, este espacio generó mucho interés en los organismos defensores de los derechos humanos. Los integrantes podían ingresar cuándo y por el tiempo que quisieran sin autorización previa a cualquier penal de la provincia, así como a cualquier otro emplazamiento donde se llevara una detención, con el fin de poder fiscalizar la vida de quienes estaban detenidos, advertir de primera mano posibles rastros de torturas y escuchar directamente los detenidos”.

“Consideramos que esta suspensión ha significado un claro retroceso en las políticas de derechos humanos en Río Negro. Una provincia que ha sufrido la muerte del joven Santiago Sagredo en la comisaría 4ª de Cipolletti; el caso Solano la desaparición forzada de un trabajador. Una provincia, que no ha podido esclarecer la desaparición y muerte del policía Lucas Muñoz y que tiene como principales sospechosos a integrantes de la misma fuerza policial. A ello hay que sumarle los más de doce muertos producidos en comisarías solo durante la última década, como así también las muertes por “gatillo fácil” denunciados por familiares y organismos de derechos humanos que tienen su expresión pública en reclamos constante, sobre todo en las principales ciudades”, concluyó Mango.