Cuando se habla de inseguridad en Buenos Aires, el reflejo es pensar en la situación de La Matanza, repetido escenario de delitos que impactan en la agenda pública. Escondido detrás de los hechos de sangre en el mayor distrito bonaerense queda Moreno, un municipio en el que las muertes violentas se acumulan y que tiene una de las tasas de homicidios más brutales. Muchas veces es la peor y no solo en la provincia que gobierna Axel Kicillof.
En 2016, los datos oficiales habían marcado que Moreno figuraba como el distrito bonaerense con tasa más alta de asesinatos: 15,8 casos cada 100.0000 habitantes. Fueron notificados ese año 80 homicidios, pero la tasa resultó en ese momento clara para definir qué pasaba en el municipio que por entonces administraba el camporista Walter Festa. Es que esos 15,8 fue un índice más alto que el dato de Rosario, 12,1 en 2016. Peor que Moreno solo apareció San Ramón de la Nueva Orán, con 17,3, la ciudad salteña que, casualmente, en estos días también volvió a ser noticia por ser el eje por donde se mueve el contrabando que ingresa por Aguas Blancas.
A la actual gestión de la intendenta Mariel Fernández, surgida del Movimiento Evita, no le fue mucho mejor en este aspecto. En 2023, en el último registro anual conocido hasta el momento, la Procuración General de Buenos Aires marca en sus estadísticas criminales que el distrito judicial Moreno-General Rodríguez notificó 59 homicidios, incluidos cinco asesinatos cometidos por menores.
Rosario, Orán y Moreno, los tres distritos señalados como los de peores índices de seguridad en 2016 compartieron en ese momento un similar origen de los niveles extremos de violencia: las luchas narco.
En Moreno, ahora la crisis de seguridad tiene un costado diferente: emerge de la delincuencia común, del robo oportunista. Y es bien diferente el impacto social de muertes de vecinos a manos de ladrones que ajustes de cuentas entre quienes optan por formar parte de bandas de narcomenudeo. Eso se observó ayer frente a la municipalidad, con la explosión del enojo y la frustración de personas que sintieron que el asesinato del joven repartidor Lucas Aguilar era un límite que habilitaba la exigencia de acciones por parte del Estado. Balas de goma y gases lacrimógeno fueron la respuesta inicial a ese pedido de frenar la ola de inseguridad que golpea a Moreno (cuatro muertes violentas en una semana) y el conurbano (con un total de once homicidios en el mismo lapso).
Se mencionaron las estadísticas oficiales sobre homicidios y en esta caso habrá que hacer una aclaración: los datos mostrarán más asesinatos que los conocidos en forma pública. En Buenos Aires hay más de 800 homicidios cada año. Y no todos llegan a los medios.ß