El Gobierno dispuso la designación de nuevas autoridades en dos organismos clave vinculados con la industria y la propiedad intelectual, según lo establecido en el Decreto 642/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida aceptó la renuncia del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Daniel Afione, y nombró como reemplazante a Miguel Ángel Romero. Además, designó a Carlos María Gallo como titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, estableció que los cambios entran en vigor con efecto retroactivo a los primeros días de septiembre. De este modo, Romero asumió en el INTI desde el 1° de septiembre, mientras que Gallo fue nombrado en el INPI a partir del 3 del mismo mes.
La normativa indicó que Afione presentó su renuncia al frente del Consejo Directivo del INTI, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. La aceptación de su dimisión se hizo efectiva dejando vacante un cargo que ahora pasa a ser ocupado por Romero, abogado y nuevo presidente del instituto.
En paralelo, el decreto también oficializó la designación de Gallo como presidente del INPI, otro organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Este instituto tiene como funciones principales registrar, proteger y garantizar los derechos de propiedad industrial de empresas y particulares. Su papel resulta clave para las compañías que buscan resguardar desarrollos tecnológicos, marcas y diseños en un mercado global cada vez más competitivo.
La designación de nuevas autoridades en el INTI se produce apenas una semana después de que el Gobierno restableciera, como informó LA NACION, la vigencia de un conjunto de normativas que habían sido derogadas a través de distintos decretos de necesidad y urgencia luego rechazados por el Congreso. Mediante los decretos 627/2025 y 628/2025, el Poder Ejecutivo retrotrajo cambios vinculados con la organización de organismos como Vialidad Nacional, el INTI y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el argumento de devolver certidumbre al marco legal vigente.
En ese momento, el Ejecutivo sostuvo que la decisión buscaba evitar un escenario de “incertidumbre jurídica” que, a su entender, dificultaba la aplicación de políticas públicas y la previsibilidad administrativa. El trasfondo de la restitución incluyó la reversión de medidas que habían sido parte de la estrategia oficial de reducción de estructuras estatales, calificada como “ineficiente” por el propio Gobierno, pero que debió reacomodarse tras la intervención parlamentaria.
Al momento de la publicación de esos decretos, que implicaban transformaciones en los institutos, desde el Gobierno aseguraron que continúan trabajando para "optimizar las funciones y recursos de los organismos del Estado“.