En un giro inesperado que marca el cambio de clima político con la administración libertaria que impera en el Congreso tras el cierre de listas para las elecciones de octubre, un amplio arco opositor se puso de acuerdo esta tarde y decidió avanzar en la elaboración de un proyecto que buscar restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo.

El acuerdo se plasmó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que mandató a su presidenta, la peronista cordobesa Alejandra Vigo (Las Provincias Unidas), para que elaborara un proyecto de dictamen que modifique la ley 26.122, de trámite legislativo, que reglamenta el tratamiento parlamentario de los DNU y los decretos de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.

La propuesta contó con el apoyo de la UCR, el kirchnerismo; la porteña Guadalupe Tagliaferri, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, y exaliados del Gobierno como el peronista correntino Carlos Espínola (Corrientes), presidente del interbloque Las Provincias Unidas.

En ese sentido, y como un claro indicador de que el Gobierno ha perdido aliados por su política de acuerdos electorales, la movida encontró en la misma vereda al jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), que hasta hace unas semanas atrás apoyaba a la administración libertaria, con dos radicales críticos de Milei como Martín Lousteau (Capital) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

En el debate, los legisladores se pusieron de acuerdo en terminar con la sanción ficta, que le permite a los decretos mantener su validez mientras no sean rechazados por ambas cámaras legislativas o quedar ratificados si son aprobados por una sola cámara legislativa.

Ahora, se invertirá la carga de la prueba y la idea es exigir la ratificación del Senado y de la Cámara de Diputados para que el instrumento mantenga su vigencia.

En consonancia con esa idea, también se reglamentará de manera restrictiva el concepto de que el silencio del Congreso implica la validez tácita de los instrumentos. En ese sentido, hubo consenso para establecer un plazo perentorio en el que el Congreso tendrá que expedirse sobre los decretos.

Si vencido ese plazo no hay un pronunciamiento, el decreto perderá su vigencia. Los tiempos que se barajaron en el debate de esta tarde fueron desde los 30 días hábiles a los 90 días corridos.

También se escucharon propuestas para permitir que el Congreso pueda aprobar o rechazar de manera parcial los DNU. Hoy, la normativa vigente obliga al Congreso a tratar como un todo cada instrumento.

La idea es terminar con la disyuntiva de todo o nada que debe dilucidar el Congreso ante el uso de decretos ómnibus, como el 70/23 que dictó Javier Milei en el inicio de su gestión, sin poder separar aquellas medidas que tengan consenso de las consideradas nocivas.

La letra fina de la iniciativa quedó en manos de la senadora Vigo, quien se comprometió a terminar de darle las puntadas finales al dictamen y pasarlo para su firma. Una vez concretado este paso, la iniciativa quedará habilitada para su debate en el recinto de la Cámara alta.

La ley 26.122 fue sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner cuando era primera dama y senadora nacional. Fue ella la que impuso el método de la sanción ficta para favorecer al Poder Ejecutivo, en ese momento ejercido por su esposo, Néstor Kirchner.

Ahora, el kirchnerismo parece haber pasado a la vereda de enfrente y se sumó a la ofensiva para restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte del Gobierno.

Fue el radical Vischi el primero en apoyar la necesidad de modificar la reglamentación de los DNU luego de considerar que han sido usados de “manera excesiva” por este Gobierno y abogó en contra de la sanción ficta vigente.

“Es nociva la aprobación tácita. Tiene tanta fuerza que permite que los decretos tengan vigencia sin tratamiento y eso vulnera prerrogativas constitucionales”, afirmó el líder de la bancada radical, quien pidió que “sea inválido el DNU que no sea tratado por el Congreso”.

En la misma sintonía se manifestó Tagliaferri, quien sostuvo que con la actual ley “es más fácil tener un decreto que una ley, que tiene que ser aprobada por ambas cámaras, y un decreto no”.

La senadora porteña también pidió reglamentar el silencio del Congreso y propuso un plazo de 60 días para que el Congreso ratifique los decretos, caso contrario perderán su validez. También apoyó la idea de que puedan ser aprobados o rechazados de manera parcial.

El senador Blanco alertó sobre “el abuso que hace el Gobierno” de los DNU y citó como ejemplo el 70/23 que, dijo, “ahora le permite tomar medidas al Poder Ejecutivo por las facultades delegadas que contiene”.

“Todos los gobiernos han abusado de los DNU, pero este hace uno por semana”, sumó su voz Lousteau, quien recordó que el DNU 70/23 modificó 80 leyes. Además, el radical porteño propuso habilitar la declaración de nulidad de los decretos, lo cual impediría el reclamo de derechos adquiridos en el caso de que el Congreso derogue el instrumento.

“Hay que lograr consenso para reglar algo que ha generado un abuso por parte del Gobierno porque esta ley le permite que sea más fácil gobernar por decreto que lograr una ley en el Congreso”, afirmó la kirchnerista Florencia López.