Con el decreto 627 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo asumió la derrota en el Congreso y, dejando a un lado la estrategia de judicializar el contundente rechazo de diputados y senadores del decreto 345 que afectaba a varios organismos, dio marcha atrás en la reforma de la estructura de la Secretaría de Cultura que se había apurado en oficializar. Se trata de la desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, sin consenso entre legisladores de la oposición y referentes del área (aunque amparada en la ley Bases).

“Con este decreto, lo que el Gobierno hace es aceptar que el Congreso declaró nulos de nulidad absoluta e insanable los decretos delegados, con lo cual se restituye la situación normativa que existía antes del dictado del decreto 345 y el resto de los decretos; se considera que el 345 es inexistente, nunca fue dictado, y por eso se retoma la normativa vigente previa a ese momento”, explicó el jurista Andrés Gil Domínguez a LA NACION.

Pese a que en los considerandos del decreto 627 el Gobierno enfatiza que el rechazo legislativo de los decretos delegados no implica nulidad retroactiva, sino pérdida de vigencia hacia el futuro, restablece la vigencia de las normas anteriores y dispone que la jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía brinden apoyo administrativo, legal y financiero a los organismos restituidos.

Más allá de los fundamentos expuestos por el Poder Ejecutivo Nacional que desconocen el efecto de las nulidades previstas por la Constitución argentina, el Decreto 627/2025 (BO 3/9/2025) mediante el cual se restituye la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron…

El único “triunfo” del Gobierno en una contienda que llevó meses de debate es que mantendrá las designaciones en los pocos organismos donde puede hacerlo. Federico Brunetti seguirá a cargo del Instituto Nacional del Teatro (INT); Raúl Escandar -que recupera su cargo de presidente tras un breve lapso como director- de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y Luis Tozzo, de la recientemente creada Dirección Nacional de Investigaciones Históricas que iba a agrupar a los institutos nacionales que el Gobierno había disuelto y que, ahora, en algunos casos vuelven a su condición anterior.

Exdirectores de institutos nacionales consultados por LA NACION dijeron que toda la “movida desregulatoria” en Cultura había sido un “cachivache” e “innecesaria, como si no hubiera problemas en el país”, señaló el presidente del Instituto Yrigoyeneano, organismo que, por el decreto 627, recupera su condición anterior de instituto nacional.

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Un caso emblemático es el del Instituto Nacional Sanmartiniano, que el Gobierno (al no poder disolverlo porque había sido ratificado por ley) quiso convertir en Museo Nacional Sanmartiniano (INS). Incluso se designó a un director, Federico Fischbarg, para un museo que nunca llegó a ser. Con el decreto 627, el INS vuelve a la situación anterior, y Fischbarg (que no tiene estudios de historia sino un vasto currículum como gestor cultural) integrará una terna de la que saldrá el nombre del nuevo presidente; su nombramiento como director perdió validez.

“Al menos, primó el sentido común -dice a LA NACION el expresidente del INS, el doctor en Historia Claudio Morales Gorleri-. Ya se había corrido la voz entre herederos de la viuda de José Pacífico Otero que no se cumplía con los términos de la donación de la casa. De ser así, los sanmartinianos festejaremos porque es un disparate cambiar un instituto educativo por un museo expositivo sin tener qué exponer”. En la misma situación del INS se encuentra el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón, en el que se había designado a otro efímero director, el arquitecto Juan Martín Repetto.

Más allá de los considerandos del decreto 627, que varios juristas consideraron ridículos (como cuando se afirma que las resoluciones de rechazo del Congreso habían provocado “un vacío normativo de extrema gravedad”), el Ejecutivo sostiene que garantizará “el adecuado y continuo funcionamiento de la Administración Pública Nacional”, volviendo a “la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas” por el decreto 345.

Desde Cultura informaron que se confirma a Federico Brunetti como titular del INT y “se avanzará internamente en cambios que se consideran de vital importancia para que el Instituto cumpla con sus objetivos primarios y destine el 90% de sus fondos al fomento del teatro, algo que en la actualidad, por su conformación administrativa es de imposible cumplimiento”. Según el Gobierno, el 65% de los fondos se destina “a burocracia”.

En la Conabip, se ratifica a Raúl Escandar como presidente de la Comisión que vuelve a ser un organismo desconcentrado (es decir, autónomo en lo relativo a su funcionamiento, por ejemplo, en el uso de los recursos). La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos también vuelve a su condición anterior (el Gobierno insistirá en que el presidente sea el arquitecto Fernando Ferreyra, que había asumido como director en este lapso).

Respecto de los institutos nacionales de investigación histórica Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas -cuya disolución apoyó la subsecretaria de Patrimonio Cultural Liliana Barela-, se convocará a ternas de propuestas para seleccionar nuevos presidentes; desde el Gobierno, comunicaron que estos no cobrarán sueldo, cuando antes también eran ad honórem.

Los institutos que dependían del Ministerio de Defensa, como el Belgraniano y el Juan Domingo Perón, no correrán la misma suerte, aunque ambos serán parte de la flamante Dirección Nacional de Investigaciones Históricas.