Una jueza federal puso en duda la legalidad de las recientes deportaciones impulsadas por la administración de Donald Trump, al considerar que las acciones del gobierno podrían haber vulnerado órdenes judiciales que protegían a un grupo de migrantes africanos. El caso, que involucra a ciudadanos de Nigeria y Gambia enviados primero a Ghana, abrió un debate sobre los límites de la Casa Blanca en la implementación de su plan de expulsiones masivas.

La audiencia en Washington: una jueza dudó de la estrategia de Trump para deportar migrantes

La jueza Tanya S. Chutkan, del Tribunal de Distrito de Columbia, encabezó una audiencia de emergencia que tuvo como eje las denuncias sobre cinco extranjeros expulsados a Ghana, pese a contar con resoluciones que impedían su repatriación directa a Nigeria y Gambia. Según relató The New York Times, el enojo de la magistrada se centró en lo que calificó como un “esquema sospechoso” del gobierno, y permitió que las autoridades ghanesas ignoraran las órdenes de los jueces de inmigración de Estados Unidos.

Durante la audiencia, Chutkan reconoció que tenía serias dudas sobre el proceder de la administración, pero también admitió limitaciones para ordenar el regreso inmediato de los migrantes. “Mis manos pueden estar atadas”, expresó, al aludir a precedentes de la Corte Suprema que fortalecieron el margen de acción del Ejecutivo en materia de deportaciones.

Deportaciones a Ghana: el plan de Trump bajo escrutinio judicial

El trasfondo del caso muestra un acuerdo reciente entre Estados Unidos y Ghana, por el cual este país africano aceptó recibir extranjeros expulsados, incluso cuando no tenían relación alguna con su territorio. En ese marco, 14 personas fueron trasladadas hace unas semanas a un centro de detención en suelo ghanés. Entre los 14 trasladados, cinco tenían órdenes de protección que impedían su expulsión directa a Nigeria y Gambia.

Los documentos judiciales citados por The New York Times revelaron que las autoridades ghanesas informaron a esos migrantes que serían enviados de todos modos a sus países de origen. Uno de ellos, identificado por sus iniciales K.S., ya fue reubicado en Gambia. Se trata de un hombre bisexual que había recibido protección en Estados Unidos debido a que la homosexualidad en Gambia se castiga con penas que llegan a la cadena perpetua. Actualmente, permanece escondido en su país y teme por su vida.

Los otros cuatro permanecen bajo custodia en el llamado Dema Camp, una instalación militar que, según los abogados y citó Politico, presenta condiciones “abismales”, según consignó Politico. Los defensores advirtieron que sus deportaciones eran “inminentes”.

Chutkan adoptó un tono severo al referirse a la actuación del gobierno de Trump. “Lo que parece estar ocurriendo es verdaderamente deshonesto”, señaló durante la audiencia, después de que los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que Estados Unidos no tiene poder para ordenar a Ghana qué hacer con los migrantes.

La magistrada puso en duda esa defensa y sugirió que la falta de poder de intervención era, en realidad, parte de un diseño deliberado: “Ustedes envían a estas personas sabiendo que no pueden repatriarlas. Las mandan a Ghana, y luego ese país se prepara para enviarlas de regreso a sus países de origen, con lo que parece ser su pleno conocimiento. ¿Cómo no es esto una violación de sus obligaciones?”.

El argumento del gobierno de Trump ante las acusaciones de la jueza

Los abogados federales insistieron en que los tribunales de inmigración ya habían emitido órdenes finales de deportación y que la negociación con el país africano incluía compromisos para evitar persecución o tortura. “Lo que Estados Unidos dice no es que esto esté bien”, explicó la abogada del Departamento de Justicia, Elianis N. Pérez. “Lo que decimos es que no tenemos poder para decirle a Ghana qué hacer”.

La defensa se apoyó también en fallos recientes de la Corte Suprema que dieron luz verde a remociones hacia terceros países, incluso cuando los extranjeros no tuvieron oportunidad de demostrar los riesgos de persecución. Estas decisiones judiciales previas marcaron un terreno favorable para la administración Trump y limitaron la capacidad de jueces como Chutkan para revertir casos concretos.

¿Victoria para Trump?: en qué quedó la audiencia en Washington

La jueza Chutkan ordenó al gobierno presentar declaraciones juradas sobre los esfuerzos realizados para impedir que los migrantes fueran devueltos a Nigeria y Gambia. También pidió al Departamento de Justicia entregar cualquier acuerdo escrito con Ghana para comprobar si existían garantías reales de no reenvío. Sin embargo, evitó instruir acciones inmediatas de repatriación y concedió más tiempo a los abogados para preparar sus argumentos.

Como no revirtió las deportaciones ya ejecutadas, el resultado de la audiencia se interpretó como una victoria parcial para la administración Trump. Para los críticos, el episodio mostró la forma en que la Casa Blanca avanza en su campaña de expulsiones masivas, a pesar de las advertencias de los tribunales.