Para el Bloque de Legisladotes Frente de Todos la nueva Ley de Emergencia económica, sancionada hoy en la Legislatura “es el reconocimiento del estado de quebranto en el que el ex gobernador Alberto Weretilneck dejó a la provincia”.
No obstante-aunque con fuertes críticas- el bloque opositor acompañó, “para ser responsables y dotar al gobierno provincial de las herramientas que necesita para salir de esta crisis”, el proyecto de Ley de Emergencia que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, y que en los hechos implica la salida de Río Negro del Consenso Fiscal firmado por Mauricio Macri y el ex gobernador Alberto Weretilneck.
La norma busca beneficiar a los sectores productivos de Río Negro con la baja a cero del Impuesto a los Ingresos Brutos para la fruticultura (aún está vigente la Ley de emergencia para el sector) entre otros, aunque no para la actividad turística, otra de las principales fuentes de ingresos para la economía provincial.
De todos modos el aspecto central de la Ley aprobada este viernes en el recinto está puesto en la urgencia del gobierno provincial para afrontar la deuda pública -más de 33 mil millones de pesos a noviembre de este año-, disparada en forma exponencial durante la gestión de Alberto Weretilneck, que inició en 2012 con un monto global que no superaba los 5 mil millones.
El texto enviado por el Ejecutivo dispone en este sentido, “ceder en garantía y/o en pago de las obligaciones asumidas, de conformidad con lo establecido en la presente, los recursos que corresponden a la Provincia de acuerdo al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, según la Ley Nacional Nº 23.548 y sus modificatorias, regalías hidrocarburíferas, y regalías hidroeléctricas por hasta la suma que resulte de la estructuración de los servicios del financiamiento previsto anteriormente”.
En otras palabras, lo que la Ley dice es que los recursos devengados de las concesiones para la explotación de los bienes públicos naturales, ya no serán de libre disponibilidad para el financiamiento de las políticas públicas y tendrán en cambio como destino primordial el repago de las obligaciones del Estado provincial o la contratación de nueva deuda.
En otro de los párrafos se establece que, “mientras se mantenga la vigencia de la declaración de emergencia, el Poder Ejecutivo se encuentra facultado a renegociar el pago, total o parcialmente, mediante títulos públicos provinciales, de la deuda que el Estado provincial mantenga con sus proveedores al día 30 de noviembre de 2.019, brindando de este modo la posibilidad de que el mismo Estado provincial vaya cancelando su deuda interna”.
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