Según la acusación omitieron realizar las rendiciones mensuales y depósitos de parte de lo recaudado mientras quien se desempeñaba como delegada no realizó el control correspondiente.

Los hechos se produjeron entre los meses de agosto de 2015 y febrero de 2016 lapso durante el cual los cajeros de la obra social “omitieron realizar las rendiciones mensuales de lo recaudado, cuya percepción, rendición y depósito tenían a su cargo, sustrayendo así el monto total de 568.780, 44 pesos”.

Los hombres cobraban ese monto en concepto de prestaciones obligatorias, coseguros y cuotas voluntarias, confeccionando una planilla de control diaria pero omitiendo depositar algunas sumas de las recaudadas en la cuenta correspondiente del Banco Patagonia.

Peralta, quien en la audiencia estuvo acompañado por el Fiscal adjunto José Chirinos, aclaró que uno de ellos no depositó más de 452.161 mil pesos mientras los dos restantes no habrían devuelto montos ostensiblemente menores. A este importe se le suman más de 70 mil pesos que no fueron depositados por ninguno de ellos, por lo cual no puede imputarse tal omisión a ninguno en particular.

Según la Fiscalía, en el mismo período de tiempo, quien en aquel momento era Delegada del organismo omitió realizar los controles de las cajas, tarea que le estaba impuesta por el cargo que ostentaba. “Todos esos importes fueron sustraídos de la esfera pública y de la administración constituyendo los delitos de peculado del que serían autores los tres hombres y de Facilitación imprudente de sustracción de bienes públicos, imputado a la mujer”.

Como sustento probatorio Peralta enumeró la denuncia del actual Presidente de la obra social, Claudio Di Tella, efectuada luego de la realización de una auditoría en la que se verificó el faltante de dinero. Agregó además las testimoniales de agentes de la obra social que participaron en dicha investigación, el testimonio de quien reemplazó a la mujer en el cargo de Delegada y los diversos sumarios administrativos iniciados, además de una pericia contable.

El Defensor oficial Pedro Vega y los abogados Cirilo Bustamante y Danilo Vega ejercieron la defensa de los cuatro imputados. El Juez Ignacio Gandolfi fue quien admitió los cargos y dispuso cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

Antes de finalizar, el Fiscal solicitó la inhibición general de bienes de los imputados al no contar con información fehaciente relacionada con los bienes de cada uno para requerir un embargo. Las defensas, en tanto, se opusieron con diversos argumentos. Pedro Vega explicó entre ellos que tal medida cautelar no estuvo fundada en ninguno de los argumentos posibles, como son el peligro procesal y el de fuga.

Finalmente admitiendo parcialmente los argumentos de ambas partes, el Juez Gandolfi ordenó a los imputados ofrecer bienes para ser embargados por el 50 % del monto base del dinero sustraído, en el término de 10 días. Ante tal determinación se manifestaron nuevamente los defensores adelantando que será recurrida.