Políticos y referentes sindicales rionegrinos expresaron posturas disímiles frente al anunció efectuado ayer por el presidente Alberto Fernández respecto a la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, y el envió al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.
La diputada nacional rionegrina Susana Landriscini consideró que se trata de "un gran paso en el camino de la soberanía alimentaria" y agregó que es una "decisión estratégica del presidente en defensa de la producción y el empleo nacional. Se protege a 2.000 productores de granos y otras materias primas y productos agropecuarios, y a más de 5.000 trabajadores del sector aceitero, algodonero, frigorífico y de la vitivinicultura".
Otro de los que se pronunció a favor apenas conocida la noticia fue el secretario adjunto de ATE Nacional Rodolfo Aguiar:"Se trata de un paso estratégico para el control de precios, de alimentos y otros productos en nuestro país".
"Nos permite soñar en una salida de la pandemia con políticas en favor del empleo y la producción", agregó el referente gremial.
En tanto la diputada nacional Lorena Matzen hizo propias las palabras del presidente del bloque de diputados de la UCR Mario Raúl Negro, considerando que el gobierno "Va camino a un modelo que ya fracasó en la Argentina" y argumentó que "no hay base legal para intervenir porque el Estado quiere una empresa. El Estado tiene muchas formas para ayudar, como cambiar las mayorías del paquete accionario. Esto demuestra el modelo de país que ellos quieren".
En tanto la presidenta del bloque de legisladores del FDT, María Eugenia Martini celebró la decisión y señaló que "Declarar de utilidad pública a Vicentin es una decisión estratégica.
Los trabajadores continuarán en sus puestos de trabajo y los 2600 productores que operan con la entidad seguirán trabajando con ella.
Es por la soberanía alimentaria y para la generación".
Por su parte el legislador de Juntos por el Cambio Juan Martin cuestionó la medida y consideró que "el anuncio sobre Vicentín es peligroso, ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos.
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