La causa Seguros trasladó su foco de atención a la Cámara Federal. Vencido el plazo para las apelaciones, ahora ese tribunal deberá decidir si confirma los procesamientos del expresidente Alberto Fernández, del empresario Héctor Martínez Sosa, y más de 30 personas. La investigación, igualmente, no se detiene. El juez Sebastián Casanello ordenó una batería de medidas para profundizar la investigación patrimonial de algunos de los imputados. Y sumó nuevos actores al entramado de cooperativas y empresas utilizadas para desviar millones de pesos.

Casanello le pidió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco, que amplíe la investigación sobre los bienes de unas 16 personas, apuntando a su facturación y a la información contable. En ese listado se destacan Santiago Fraschina, un economista de La Cámpora que estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y tiene diálogo con Cristina y Máximo Kirchner, el ex titular de Gendarmería Andrés Severino, y varios ex funcionarios de Nación Seguros.

El juez también requirió la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) para un nuevo informe sobre otras siete personas investigadas en la causa. En realidad, todos esos datos se suman a la investigación patrimonial que está delegada al fiscal Carlos Rívolo.

En la causa principal, Casanello decidió apuntar al rol de dos ex funcionarios de Nación Seguros que fueron citados a indagatoria cuando se resolvieron los procesamientos: el ex gerente de compras, Marcos Eufemio, y el ex subgerente general de administración y finanzas, Fernando Arana. El juez quiere saber en qué trámites y autorizaciones de pagos intervinieron durante la gestión de Alberto Fernández. Y si tuvieron injerencia en el pago de comisiones a los brokers y coaseguradores investigados.

Eufemio había sido socio del empresario Alfredo Del Corro, que controlaba un grupo de cooperativas por donde se habrían canalizado las coimas. Ingresó a Nación Seguros en abril de 2021 y dependía, en lo formal, de Arana.

La Justicia sospecha que Eufemio impulsó la contratación de la cooperativa “Nuestro Lugar”, vinculada a Del Corro, para pintar el edificio central de Nación Seguros. Esa misma cooperativa luego compró un lote en el barrio privado Villa Robles, cerca de Pinamar, y pagó pasajes de un ex funcionario, Mauro Tanos, para viajar a Miami. Devolución de favores.

La Justicia llegó a Tanos al comienzo de la causa a partir de una situación llamativa que se dio en el allanamiento a la empresa San Ignacio. En ese lugar, un abogado le entregó dos cajas con documentación. Cuando fueron a buscar las cámaras del lugar, los efectivos de la PFA se dieron cuenta que las cajas habían llegado unos minutos antes en un auto. El seguimiento de ese vehículo terminó en la casa del empresario Del Corro.

La Policía hizo tareas de inteligencia en ese domicilio, en un barrio privado de Campana, y detectó una camioneta Jeep Compass que estaba nombre de otra cooperativa, denominada “7 de mayo”, pero era utilizada por Tanos como si fuera propia.

La cooperativa “7 de Mayo” terminó siendo clave para desviar fondos. Solo en una de sus cuentas ingresaron unos $340 millones. Ante la AFIP, la cooperativa aseguraba que se dedicaba a la venta de bebidas en bares y cervecerías, y que tenía una franquicia de “La Birreria”, que funcionaba en Honduras al 5500. Los investigadores terminaron comprobando que era todo una fachada.

Luego de los procesamientos, en julio pasado, la causa siguió avanzado y aparecieron nuevas pistas. De hecho, Casanello acaba de levantar el secreto fiscal de nuevas empresas. En ese listado aparece la cooperativa de Trabajo Karagonis, RMASD Group, y Solucionart SA, entre otras.

El futuro de la causa de los Seguros depende ahora de la Sala II de la Cámara Federal. Esta semana terminó el plazo para las apelaciones. El fiscal en esa instancia, José Agüero Iturbe, pidió el martes que se revoque el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, apuntado por el decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar con Nación Seguros, y por la designación de María Cantero como su secretaria privada.

La defensa del ex presidente, en tanto, planteó que el proceso violó el principio de congruencia al sostener que existe diferencias entre los hechos que animaron el llamado a indagatoria, ordenado por el juez Julián Ercolini en noviembre del año pasado, y el procesamiento dictado por Casanello.

También apeló el procesamiento la defensa Héctor Martínez Sosa, el empresario amigo de Fernández que acumuló contratos con 19 organismos públicos y recibió $366.635.744 en comisiones entre 2019 y 2023. En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros.