En su regreso a la actividad parlamentaria el Concejo Deliberante aprobó de forma unánime la ordenanza, que crea la Oficina Municipal de Información al Consumidor y que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Viedma.

La norma adhiere a las Leye Nacionales de Defensa al Consumidor, Lealtad y a la Ley Nacional de Metrología Legal.

La iniciativa fue impulsada por los concejales Luciano Ruiz, Zulma Romero (FDT), Pedro Sanchez (Alianza), Vanessa Cacho (PAR) y Roberta Scavo (CCARI).

La ordenanza se fundamenta en el el Decreto provincial 305 que habilitó el modelo de Convenio de Delegación de Facultades para el control de precios y abastecimiento de la provincia a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor.

El nuevo organismo tendrá un Consejo Consultivo integrado por un representante de cada asociación dedicada a la defensa del consumidor de Viedma, un titular que será designado por el Intendente y un secretario letrado que deberá ser un abogado de planta permanente de la Municipalidad.

Tras la promulgación de la ordenanza todos los comercios de Viedma estarán obligados a exhibir carteles que informen la existencia de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, su línea gratuita y una síntesis de los derechos de consumidores, clientes y usuarios.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor  se financiará con la coparticipación de multas aplicadas por la Agencia de Recaudación Tributaria de RN.

El organismo podrá recibir denuncias, abrir un registro de reclamos de usuarios y consumidores, impulsar reclamos, y fijar y celebrar conciliaciones entre denunciante y la empresa denunciada para lo que organizará Tribunales Arbitrales de Consumo "que actuarán para resolver los conflictos entre consumidores y proveedores". 

También podrá realizar tareas de prevención, inspección y control.

El recurso humano para el cuerpo de inspectores y el servicio de atención e información a consumidores y usuarios será de la planta permanente de la Municipalidad. 

"Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incrementos desmedido de precios ante el aumento de la demanda de tales productos, con motivo de la entrada en vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, como también otros aspectos que hacen a la relación de consumo", explicaron los ediles que impulsaron la iniciativa.