El Senado y la Cámara de Representantes de Florida aprobaron una nueva legislación enfocada en la inmigración. La llamada “Ley Trump”, impulsada por legisladores republicanos, destina 500 millones de dólares en fondos públicos para reforzar las medidas migratorias del presidente Donald Trump.
Qué dice la ley de inmigración que aprobó FloridaLa norma exige que todos los niveles de gobierno y los contratistas estatales colaboren con las autoridades migratorias federales en la “mayor medida posible”.
Sin embargo, su aprobación no estuvo exenta de polémicas y generó un enfrentamiento entre el gobernador Ron DeSantis y los líderes legislativos. Horas después de su sanción, el mandatario estatal calificó la normativa como “débil” y “diluida”.
“El objetivo de este proyecto de ley es ayudar al presidente Trump a hacer su trabajo”, declaró el senador republicano Joe Gruters, aliado del flamante jefe de Estado y uno de los patrocinadores de la iniciativa.
Las claves de la Ley TRUMP de FloridaEstos son los puntos principales de la normativa que la Legislatura floridense aprobó recientemente.
Creación de una nueva oficina estatal de inmigraciónLa Ley TRUMP establece una nueva oficina de control migratorio en Florida. La dependencia contará con más de 140 empleados y estará bajo la dirección del comisionado de agricultura. Esta disposición molestó particularmente a DeSantis, quien señaló que “es casi como el zorro cuidando el gallinero”.
El gobernador perdería poderes de emergencia en materia de migración. Estos quedarían en manos de este nuevo funcionario estatal, denominado ‘jefe de inmigración’, según reveló la agencia Associated Press.
Fondos para refuerzo policial y detención de inmigrantesEl proyecto de ley también destina US$100 millones en subvenciones para agencias policiales locales con el fin de financiar capacitaciones, equipamiento y el arrendamiento de centros de detención para inmigrantes indocumentados.
Además, asigna US$375 millones para fortalecer la cooperación entre el estado y el gobierno federal en operativos migratorios. Otra disposición otorga US$25 millones en bonos de US$1.000 para agentes policiales que colaboren con la aplicación de las leyes migratorias federales.
Endurecimiento de penas para inmigrantes indocumentadosPor otra parte, la legislación impone sanciones más severas para inmigrantes en situación irregular que cometan delitos en Florida. Quienes sean declarados culpables de delitos capitales enfrentarán la pena de muerte obligatoria. También endurece las sentencias para inmigrantes que formen parte de grupos criminales organizados.
Sobre esto, el senador estatal demócrata Carlos Guillermo Smith cuestionó la relación entre la derogación de beneficios educativos y la lucha contra la criminalidad. “¿Cómo la eliminación de la matrícula para inmigrantes contribuye a combatir a los delincuentes violentos? No lo hace. Se siente mezquino. Se siente mal”, recriminó, según Telemundo Miami.
Fin de la matrícula estatal para estudiantes indocumentadosOtro aspecto clave de la ley es la eliminación del beneficio de matrícula estatal para estudiantes indocumentados que cursaron la secundaria en Florida. Desde su implementación en 2014, esta medida benefició a aproximadamente 6500 jóvenes cada año.
Durante el debate, el senador demócrata Darryl Rouson recordó las palabras de Jeanette Nuñez. La vicegobernadora impulsó la iniciativa hace una década, y en ese entonces expuso: “Son personas que trabajan duro, estudian mucho y se enfrentan a retos y obstáculos a los que muchos de los que estamos en esta sala nunca nos enfrentaremos”.
¿Ron DeSantis vetará la ley?Aunque la mayoría republicana en ambas cámaras respaldó la iniciativa, algunos legisladores conservadores alineados con el gobernador floridense se opusieron. En la Cámara de Representantes, un republicano votó en contra, mientras que en el Senado seis se sumaron a la oposición.
Esto dejó el proyecto sin una mayoría a prueba de veto, según AP. En tanto, ahora DeSantis enfrenta una decisión clave: firmar un proyecto que criticó como “inútil”, vetarlo o permitir que se convierta en ley sin su firma.