El Gobierno dio un nuevo paso en la desregulación del mercado legal de armas. Y este es, quizás, el más grande desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, ya que, al amparo de la facultades delegadas por el Poder Legislativo al Ejecutivo bajo el paraguas de la llamada “Ley Bases”, pone fin a diez años de legislación vigente y repone un organismo creado hace medio siglo.
A través del decreto 445/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, transformó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en el Registro Nacional de Armas, el viejo Renar creado en 1975 como órgano de aplicación de la ley nacional de armas y explosivos 20.429, promulgada dos años antes por el general Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto entre 1971 y 1973.
Según el texto de la nueva normativa, el repuesto Renar "mantiene la especialidad técnica del organismo para la administración de las bases de datos sensibles y su rol regulador y de control de los materiales regulados“.
Como contrapartida, estará despojado de las otras misiones que tenía la ANMaC, relativas a la cooperación en el desarrollo de una política criminal en materia de control de armas, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada.
De hecho, una de las principales novedades del regreso del Renar a sus tiempos de organismo de fiscalización y control de armas, explosivos y de su tenencia y uso por parte de ciudadanos y comercios habilitados por ley a tal efecto, es que se disuelve el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA). A partir de ahora, según reza el decreto, “el financiamiento de las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia armada será afrontado por los recursos asignados al Ministerio” de Seguridad Nacional, del que depende el Registro.
Otras consecuencias del decreto serán materia de la reglamentación. Por ejemplo, el destino del personal y los bienes de la ex ANMaC, la posibilidad de que transfieran competencias a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por medio de acuerdos que garanticen la asignación de recursos.
La reposición del Renar se inscribe en una extensa lista de medidas tomadas por la administración Milei para desregular el mercado de armas, entre las cuales se cuenta la eliminación del periodo de oposición de 15 días para quienes objeten a quien pretenda obtener o renovar su permiso de tenencia de armas, la simplificación de la renovación de la condición de Legítimo Usuario (LU), la disponibilidad de la credencial digital, la baja de 21 a 18 años como base para la obtención de la LU, la autorización de tenencia controlada de fusiles de asalto semiautomáticos y la eliminación de la tasa anual que debían pagar entidades de tiro, cazadores y usuarios comerciales y colectivos.
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