Chicago volvió a situarse en el centro del debate nacional luego de que el presidente Donald Trump insistiera en que la ciudad podría ser la próxima en recibir un despliegue de la Guardia Nacional. Frente a esa amenaza, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, activó una serie de medidas legales y políticas para blindar al estado.
El frente legal contra la Casa Blanca: Pritzker aguarda el próximo movimiento de TrumpEl gobernador Pritzker dejó claro que no presentará demandas hasta conocer la justificación formal de Trump para un eventual despliegue, aunque anticipó que no dudará en acudir a los tribunales, explicó CNN. “Sin duda acudiremos a los tribunales”, aseguró el mandatario estatal en declaraciones recientes.
Illinois ya demostró en el pasado su predisposición a enfrentar a la administración federal. El estado se unió a una coalición multi jurisdiccional que frenó los intentos de recortar ayudas federales a programas sociales, como los refugios para víctimas de violencia doméstica o los centros Head Start de educación temprana, dirigidos a familias sin estatus migratorio regular.
El fiscal general Kwame Raoul reforzó la postura oficial al calificar el plan de Trump como “una mala estrategia” y, además, “ilegal”. Pritzker, por su parte, evitó mantener un contacto directo con el presidente para no dejar registros que pudieran ser utilizados en un eventual juicio. “No le voy a proporcionar evidencia para respaldar su deseo de que la corte falle a su favor”, señaló.
El gobernador también alentó a los residentes a vigilar y documentar la actividad de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), para garantizar que actúen dentro de la ley o, en su defecto, denunciar irregularidades.
La orden del alcalde Johnson a la policíaEl alcalde de Chicago, Brandon Johnson, uno de los opositores más enfáticos a la idea de militarizar las calles de su ciudad, firmó una orden ejecutiva que prohíbe al Departamento de Policía local colaborar con agentes federales en operativos conjuntos.
Ningún efectivo podrá participar en patrullajes o arrestos junto a fuerzas nacionales.Tampoco se permitirá la cooperación en tareas relacionadas con la aplicación de la ley migratoria.Las agencias municipales deberán usar todas las herramientas legales y legislativas disponibles para resistir cualquier intento de coordinación con Washington.“No hemos pedido esto. Nuestra gente no lo ha solicitado, pero aun así, nos vemos obligados a responder”, declaró Johnson, según citó CNN. El escenario legal se tensó aún más luego de que un juez federal en San Francisco dictaminara que el despliegue de tropas en Los Ángeles violaba la ley federal que limita la función policial de las fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense. Aunque esa decisión no aplica en Illinois, reveló un precedente que podría condicionar futuros movimientos.
Las celebraciones mexicanas en Illinois bajo vigilanciaEl clima de incertidumbre se intensificó en vísperas del Mes de la Herencia Hispana y de las festividades por el Día de la Independencia de México, una tradición profundamente arraigada en barrios como Pilsen.
El propio gobernador Pritzker sugirió que la Casa Blanca eligió septiembre como momento para intensificar la presión, al aprovechar la visibilidad de los desfiles y festivales mexicanos. “Me rompe el corazón informar que nos han dicho que ICE intentará interrumpir pícnics comunitarios y desfiles pacíficos”, advirtió, según lo consignador por el medio citado.
A pesar de las amenazas, los organizadores confirmaron que el desfile en Pilsen seguirá adelante. Vicky Lugo, una de las responsables del evento, aseguró que la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados acompañará la jornada donde repartirán tarjetas con información legal y asesorarán a comerciantes.