El presidente Javier Milei viaja a Paraguay en medio de la tensón local y allí deberá enfrentar un nuevo conflicto y muchos enojos. Tras haberse resuelto un conflicto similar el año pasado, revive nuevamente la tensión con ese país por la tarifa del tramo norte de la Hidrovía. En este contexto, la agenda presidencial marca que el martes al mediodía Javier Milei se reunirá con su par paraguayo, Santiago Peña. Será después de hablar en la apertura de la Conferencia Política de Acción Conservadora (Cepac).
La autopista fluvial no solo es clave en el comercio exterior de la Argentina, ya que por allí se exportan el 90% de los productos de la agroindustria. También, la Vía Navegable Troncal (VNT) es la columna vertebral de los países vecinos, en especial Paraguay, ya que circula el 80% de su comercio internacional en 3518 barcazas registradas, que necesitan poca profundidad para navegar. También tiene conexión con Bolivia, Brasil y Uruguay.
En el tramo Santa Fe – Confluencia (donde se encuentran los ríos Paraguay y Paraná), hay una profundidad de 10 pies y el peaje por tonelada de registro neto (la capacidad de carga del barco) pasó de US$1,20 que se cobraba hasta agosto de 2025, a US$ 1,47 desde este mes. Esto quiere decir que se dio de baja la disminución de la tarifa que había aquietado las aguas hace un año.
Los usuarios no interpretan este pago del peaje como una contraprestación de un servicio efectivo
Este aumento genera mucho malestar en Paraguay. Según un empresario del sector, “pasó otra vez a US$1,40, que es el monto que había establecido el gobierno de Alberto Fernández (en 2022). Esto va más allá del costo, lo que preocupa es que no se avanza en una solución definitiva”, agregó. “Es un retroceso. Se impone un peaje de manera unilateral y sin contraprestación”, definió.
En 2023, el conflicto había escalado cuando la Argentina no dejó circular a dos remolcadores de barcazas por falta de pago. Uno era de bandera paraguaya, y otro de bandera boliviana. Paraguay, a su vez, amenazó con discontinuar el excedente de energía hacia la Argentina desde Yacyretá.
El cambio en la tarifa fue comunicado por la Argentina en los primeros días de septiembre al Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) de Paraguay y a la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (Cptcp). “Este ajuste representa un encarecimiento directo de los costos logísticos y una amenaza a la competitividad regional”, expresó Cafym en un comunicado.
“La Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay firmaron el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná en 1992. Fue un hito histórico y un marco legislativo clave para toda la logística de la región”, afirmó Bernd Gunther, al frente de Cafym, en diálogo con LA NACION.
“Durante los 33 años de vigencia del tratado ha habido una dinámica muy fluida, además de un crecimiento sostenido de la producción. Sin embargo, este peaje, pagado por los armadores que circulan por la Hidrovía, constituye un gravamen de US$40 o US$50 millones por año”, sostuvo.
Tanto la Cptcp como el Cafym manifestaron que la medida es unilateral y carente de la debida fundamentación técnica, así como contraria al espíritu de los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y sus Protocolos Adicionales, que regulan la navegación y el transporte en la Hidrovía Paraguay—Paraná. Por esto, pidieron a la Cancillería el inicio formal de los trámites para un arbitraje internacional.
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp) también envió notas a diversas entidades gubernamentales paraguayas, como la Cancillería Nacional, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y la Dirección General de Marina Mercante, entre otras, solicitando el arbitraje.
Para la cámara que agrupa a los empresarios paraguayos, “esta medida generará un fuerte impacto negativo en la competitividad de las empresas paraguayas”. Agregó que el incremento del peaje elevará los costos de transporte fluvial, combustible, mantenimiento y almacenamiento, “encareciendo tanto exportaciones como importaciones“.
Según explica Gunther, los puntos discutidos del peaje son varios, pero principalmente “los usuarios no interpretan este pago del peaje como una contraprestación de un servicio efectivo, que es uno de los derechos que pretende proteger el tratado de la Hidrovía que tenemos firmado entre los cinco países”, agregó.
Fuentes relacionadas con el sector de dragado y balizamiento en la Argentina afirmaron que este tramo sí conlleva trabajos de mantenimiento, aunque más esporádicos que el tramo de Santa Fe al sur, que necesita más profundidad para que circulen los barcos más grandes.
Este no es el único punto en discusión. También desde Paraguay criticaron otras cuestiones, como tasas de migraciones, controles aduaneros, digitalización de documentos de embarque, el requerimiento de que haya baqueanos en las embarcaciones de algunas banderas, entre otros.
LA NACION se comunicó con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) de la Argentina, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.