Presentan proyecto para controlar el pago de horas extras en la Administración Pública
Tweet
La iniciativa establece un sistema unificado de autorización, registro y publicación de horas extras, con el fin de prevenir abusos y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
El legislador César Domínguez (Primero Río Negro) presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que busca regular, transparentar y controlar el otorgamiento y pago de horas extras en la Administración Pública provincial. La propuesta alcanza a organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria, con el objetivo de prevenir abusos, fraudes y desvíos de fondos públicos.
El texto establece que cada hora extra deberá contar con autorización previa, emitida por la máxima autoridad de la dependencia o un funcionario designado, con motivo y justificación operativa claros. Estas autorizaciones deberán registrarse en el sistema provincial antes de su ejecución.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Registro Público Unificado de Horas Extras, en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, de acceso libre y gratuito por internet. Allí se publicará, de manera mensual y en formatos abiertos y descargables, información detallada sobre el agente, cargo y dependencia, fecha y horario de prestación, motivo, monto bruto y neto abonado, y la autoridad que lo autorizó. El sistema permitirá búsquedas, comparaciones de períodos y detección de patrones irregulares, e incorporará un módulo de denuncias en línea que se remitirá automáticamente al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Investigación Administrativa.
El legislador subrayó que esta medida no busca eliminar las horas extras, sino asegurar que respondan a una necesidad real, se autoricen con fundamentos, se ejecuten efectivamente y se paguen de manera legítima. “La transparencia no es un eslogan, sino una política concreta que se materializa cuando los datos son accesibles, verificables y auditables. La publicación abierta de esta información transformará a toda la sociedad en un órgano de control, cerrando espacios a prácticas opacas y fomentando una cultura de integridad en la función pública”, afirmó.
La propuesta también prevé sanciones severas para quienes falsifiquen o manipulen la información, incluyendo restitución de fondos, sanciones disciplinarias y denuncias penales por delitos contra la administración pública. Asimismo, dispone que el Tribunal de Cuentas realice auditorías trimestrales y publique los resultados en el mismo portal.
Navegación de entradas
