En medio del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump y las crecientes deportaciones, una familia mexicana que se encontraba tramitando su asilo en Estados Unidos decidió regresar a México. Sin embargo, al llegar, la Guardia Nacional mexicana les confiscó el vehículo y sus ahorros como el pago de una multa. “Lo perdimos todo”, afirmaron.
Volvieron voluntariamente a México, pero perdieron todo en la AduanaLos mexicanos Sonia Coria y Carlos León, ambos de 25 años, vivían junto a su hija de ocho años y su pequeño hijo de cinco en Glendale, Arizona. Habían huido de las amenazas de los carteles en el estado de Michoacán, México. Pero cuando ganó Donald Trump comenzaron a pensar en regresar al territorio mexicano. “Corremos el riesgo de que nos quiten lo poco que hemos logrado reunir”, le dijo la joven a su esposo el día de las elecciones.
Según informó Reuters, la familia había ingresado siete meses atrás por un paso fronterizo y se encontraba tramitando su asilo. Residían en un apartamento de dos habitaciones con la tía de Coria. La joven realizaba trabajos esporádicos de limpiadora, mientras que su esposo trabajaba como jardinero.
A pesar de su vida modesta, habían logrado comprar en cuotas su camioneta Ford F-150 por US$4000. A veces acudían a comedores populares a comer o recogían juguetes que los vecinos habían tirado para los niños.
La promesa republicana de llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos y la detención de un padre mexicano que vivía a dos casas de su apartamento hicieron que la familia decidiera finalmente abandonar EE.UU.
Se fueron incluso antes de que asumiera Donald Trump porque al consultar con un abogado mexicano en Phoenix les dijeron que su solicitud de asilo era débil y que probablemente serían deportados. Todavía no existían el programa estadounidense CBP Home, ni el plan “México te abraza”.
El 19 de enero, Coria, León y sus dos niños empacaron lo que pudieron en su camioneta y se dirigieron hacia la frontera con México. Solo viajaron tres horas. Al llegar a la aduana en el cruce fronterizo Dennis DeConcini, en Nogales, la Guardia Nacional les pidió sus documentos.
Como León no tenía el título del vehículo, sino un permiso temporal, los agentes le confiscaron el vehículo y amenazaron con arrestarlo por contrabando de vehículos. Según contó la familia, también les quitaron US$5000, todos los ahorros que tenían, que explicaron como una multa para no arrestar al mexicano.
“Lo perdimos todo. Nos fuimos sin nada y volvimos peor parados”, recordó Coria entre lágrimas en declaraciones a Reuters.
La familia se quedó sin su camioneta y sin dinero, con kilos de ropa, herramientas, elementos de cocina, un televisor, un refrigerador y juguetes de niños.
Si bien la Agencia Nacional de Aduanas de México no quiso expresarse al respecto, en un correo electrónico a la agencia de noticias, un portavoz del organismo afirmó que la oficina “actúa con estricto apego al marco legal que rige la entrada y salida de mercancías, así como al control aduanero aplicable a personas y vehículos que cruzan los puntos de entrada al territorio nacional”.
Tras la deportación, volver a empezar en MéxicoLa familia había huido de Uruapan, estado de Michoacán, luego de que hombres armados, que decían ser miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, aparecieran en la finca de cultivo de aguacates, donde León trabajaba como guardia y exigieran dinero por protección.
El objetivo de los mexicanos al regresar con sus ahorros desde EE.UU. era comprar un terreno y abrir un taller mecánico. Sin embargo, quedaron varados con sus pertenencias hasta que los encontró Francisco Olachea, enfermero de Voces de la Frontera, una organización humanitaria que trabaja en ambos lados de la frontera.
La familia fue asistida por la ONG y Olachea los llevó a Ministerios NANA, una organización cristiana en la ciudad fronteriza de Nogales. Allí comieron y pasaron la noche.
Las organizaciones Voces de la Frontera y Salvavisión recaudaron poco más de US$1000 para comprar los boletos de autobús de la familia a Michoacán y enviar algunas pertenencias a casa de la madre de Coria. Lo que no pudieron trasladar fue donado a la iglesia donde se habían alojado.
Finalmente, regresaron a su ciudad el 20 de enero. León encontró trabajo en un taller mecánico y Coria consiguió empleo en un restaurante chino.
Sin embargo, en junio recibieron una extensa carta de la Aduana en la que les informaron que su camioneta había sido incautada, que había pasado a ser propiedad del erario federal y que debían alrededor US$18.000 en derechos de aduana por llevar el vehículo a México.