Tras el cierre de listas, que dejó muchos heridos con ganas de revancha, el Senado se prepara para devolver al Gobierno a la dura realidad legislativa con el tratamiento en comisiones de los proyectos de financiamiento al Hospital Garrahan y a las universidades nacionales, sobre los que pesa una sentencia previa del presidente Javier Milei de que serán vetados en caso de que se conviertan en ley.
Las iniciativas cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados desde el pasado 7 de agosto y serán discutidos este martes en sendos plenarios de comisiones a partir de las 15.
A priori, ambos textos contarían con las mayorías necesarias para obtener dictamen en las cuatro comisiones que tomarán parte en la discusión y quedar, así, habilitadas para su debate en el recinto del Senado la semana próxima.
Sin embargo, no se descarta que el debate pueda adelantarse para este jueves en una sesión impulsada, por ahora, por el kirchnerismo con la finalidad de rechazar una media docena de decretos de necesidad y urgencia y de facultades delegadas impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stuzenegger, que ya fueron repudiados por la Cámara baja hace dos semanas atrás.
El objetivo parece difícil ya que para anticipar la esta semana a discusión de los proyectos del Garrahan y de universidades se necesitarán el apoyo de los presentes para habilitar su tratamiento sobre tablas. Pero tampoco suena imposible si se toma en cuenta que ambas causas cuentan con fuerte apoyo en gran parte del arco de la oposición dialoguista.
El primer plenario comenzará a las 15 y reunirá a las comisiones de Salud, de Población y Desarrollo y de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto que obliga al Poder Ejecutivo a aumentar salarios de personal, médicos y residentes del Garrrahan, que se encuentran en conflicto desde hace más de dos meses en reclamo de una recomposición presupuestaria.
La iniciativa fue aprobada por abrumadora mayoría en Diputados y garantiza la inmediata reasignación de fondos y uso de reservas a la recomposición salarial del personal público afectado al nosocomio. Además, exime del impuesto a las Ganancias a ciertos rubros remunerativos que percibe el personal, como horas extras y de guardia.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica y de los residentes implicaría un gasto adicional para el Poder Ejecutivo de $65.573 millones, si se toma en cuenta sólo el segundo semestre del presente año.
El financiamiento universitario, en tanto, se discutirá en una reunión conjunta (plenario) de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda que está convocado para las 16.30.
El proyecto, también aprobado el pasado 7 de agosto en la Cámara baja, propone actualizar las partidas presupuestarias para el sistema universitario al primer día de este año según la inflación acumulada de 2023 y 2024. La acumulación de dos años de la variación del índice de precios al consumidor (IPC) se explica en el hecho de que una iniciativa de similares características fue vetada el año pasado por Milei.
Como parte de la inyección financiera el texto dispone también una recomposición salarial por inflación para docentes y para el personal no docente de las casas de altos estudios nacionales desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Una vez concretada esta mejora se establecen actualizaciones mensuales por IPC.
Se descuenta que los proyectos serán rechazados por La Libertad Avanza, postura a la que se sumaría buena parte de la bancada de Pro tras el cierre de alianzas con los libertarios en varios distritos del país de cara a las elecciones legislativas de medio término de octubre. Lo mismo se espera de algunos radicales que también han sellado acuerdos con el Gobierno de Milei.
Sin embargo, la estrategia aplicada por la Casa Rosada ha dejado a muchos opositores dialoguistas excluidos del reparto de candidaturas y, por lo tanto, enojados. Esto podría transformarse en un factor que ayudaría a acelerar el tratamiento de un agenda opositora molesta para la administración libertaria.