El operativo del Gobierno por la protesta frente al Congreso provocó tensiones dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la exAFIP, donde dos gremios se quejaron de que el ente recaudador hubiera enviado a inspectores a fiscalizar a ómnibus que trasladaban manifestantes a la plaza.
“Ni los milicos nos pidieron tanto: no somos ni policías ni agentes de inteligencia”, dijo a LA NACION Julio Estévez, secretario general de la Unión del Personal Superior del organismo. El otro gremio, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), le envió por escrito un pedido de explicaciones al departamento de Recursos Humanos.
La discusión, que se da justo en medio de la paritaria, reside en las atribuciones de los inspectores involucrados. En la ARCA consideran que, al igual que cuando recorren las ferias clandestinas, los empleados están facultados para exigirles a los choferes la documentación de las empresas transportistas.
En los gremios objetan en cambio que, si bien quienes están en el área de seguridad social del ente recaudador podrían encargarse de ese tipo de verificaciones, en esta oportunidad no fueron enviados para ese trabajo -que consiste en todo caso en confeccionar un expediente y cobrarle al empleador- sino más bien para un objetivo político.
“No hay nada en nuestras misiones o funciones que pueda explicar esta orden surgida de las autoridades del organismo”, dice la carta que Mariano Dahlman, secretario general de Aefip seccional Capital Federal, le envió al departamento de Recursos Humanos.
La exAFIP tiene en la actualidad más de 2000 inspectores. Sin embargo, en el Gobierno afirman que quienes recibieron la instrucción de revisar los ómnibus no han sido más de 16. La discusión cobra relevancia por varias razones. Entre ellas, el perfil de quien conduce la DGI, Andrés Edgardo Vázquez, que fue jefe interino de la Dirección de Inteligencia Fiscal durante los 90 y que tuvo siempre una buena relación con esos sectores.
Como Vázquez está de licencia porque acaba de ser operado del corazón, la DGI funciona en estos momentos bajo la conducción de Mariano Mengochea, uno de sus funcionarios de mayor confianza, que ocupa desde octubre el cargo de subdirector general de Operaciones Impositivas Metropolitanas. Ambos trabajan en el organigrama debajo de Juan Pazo, designado a fines de año como director de la ARCA.
La relación de las autoridades de la ARCA con los gremios es otro de los motivos que contribuyó a exponer estas diferencias en medio del operativo. Todavía están lejos de ponerse de acuerdo en la paritaria y Pazo tampoco termina de llevarse bien con los dirigentes sindicales, que se quejan de que ni siquiera los atiende.
Hace pocos días, justo cuando ellos estaban a punto de concretar una reunión con la cúpula del organismo, alguien del Gobierno dejó trascender la información de que ahí se trabajaba en condiciones de privilegio y que hasta funcionaba un gimnasio VIP para los directivos y eso frustró el encuentro.
El sindicato que conduce Estévez les pidió entonces esta vez a los inspectores que directamente incumplieran las órdenes para el operativo con los colectivos y que, en todo caso, las exigieran por escrito. Además, que sacaran fotos de todo.
“No ejercemos tareas de inteligencia de ninguna naturaleza. No debemos ni controlar choferes de micros de pasajeros, ni origen, ni destino, ni quién contrató el viaje, ni quién se encuentra viajando en tanto no se relacione con tareas de fiscalización de la empresa de transporte y sólo con destino a la verificación de tributos o seguridad social”, dijo la entidad, Upsafip, en un comunicado en el que ya había especificado que el personal no tenía ni siquiera vestimenta adecuada “para semejante despliegue”.
El malestar se percibió además en varios de los empleados a quienes les tocó trabajar en los colectivos. “Los únicos tres pelotudos que estamos acá somos de preventiva. Y encima nos pidieron indumentaria oficial. ‘¿Sí, de qué? -le dijo mi supervisor-, si lo que tenemos es de AFIP’. Ni chale de ARCA tenemos”, dijo uno de ellos por WhatsApp. La indumentaria es últimamente una inquietud recurrente: todavía no hay pecheras con el nuevo nombre del organismo, algo que pasa también con los membretes de la documentación y el dominio. ¿Podría ser válida la notificación de una entidad disuelta? Tema para abogados y contadores. Pero en el hall de entrada del edificio conviven todavía en simultáneo, casi enfrentados, el logo viejo y el nuevo del organismo: “AFIP” versus “ARCA”. Tiempos de ajuste, fricciones internas, ambigüedades y cierta desorganización.