Luego de que Autopistas Urbanas (AUSA), la empresa dependiente del gobierno porteño, pidiera la polémica descatalogación del histórico puente Ciudad de La Paz con el fin de removerlo y construir en su lugar uno nuevo apto para vehículos pesados, el trámite pasó a manos del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) de la ciudad. Hoy, en medio de cuestionamientos de vecinos y especialistas a los planes oficiales, el organismo postergó por tercera vez una definición y citará a la compañía estatal para que dé explicaciones. Además, un grupo de residentes fueron recibidos por legisladores que se interesaron en el conflicto barrial.
El CAAP está integrado por 13 instituciones y dependencias oficiales, bajo la presidencia de Cristina Giraud, titular de la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur) porteña, y es el órgano con competencia para decidir si mantiene o no la protección como bien patrimonial que rige sobre el viaducto centenario, que une los barrios de Palermo, Colegiales y Belgrano.
Para esto los integrantes debían reunirse y votar a favor o en contra. La primera fecha para hacerlo fue el martes 29 de julio, cuando el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el martes pasado y ese día se postergó para mañana. Pero ahora, según informaron asociaciones vecinales que piden proteger la estructura, una vez más se prorrogó el encuentro, hasta el martes de la próxima semana.
La estructura, que data de entre 1916 y 1919, es el eje de una controversia desde hace varias semanas. Todo se desató con el llamado a licitación efectuado por AUSA para el reemplazo del puente antes de que el CAAP interviniera en este delicado análisis para dar de baja la catalogación, paso estrictamente necesario para poder avanzar con la remoción del puente. Algunas ONG, especialistas en patrimonio y vecinos cuestionan la intención de reemplazarlo por uno nuevo apenas cuatro meses después de su reapertura tras una profunda refacción.
En aquella primera sesión del CAAP, que fue virtual, de las 13 instituciones que lo integran llegaron a expresarse cinco de ellas, todas en contra de eliminar la protección: el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU); el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop); la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA; la Sociedad Central de Arquitectos (SCA); y la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y de Bienes Históricos.
Como en ese momento, según se supo, AUSA presentó informes que hasta entonces no se conocían, el CPAU y la FADU pidieron pasar a un cuarto intermedio para estudiar en detalle los nuevos documentos, que contradecían los aportados anteriormente respecto del estado del histórico puente, según pudo reconstruir LA NACION”.
Ahora, en vísperas de la reunión prevista del CAAP, el organismo habría recibido dos mails de sendas instituciones que lo componen y que llevaron a postergar la fecha una vez más. Uno de ellos, de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico (CEPAP) de la Legislatura porteña, y el otro, del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental (Capuam). Ambos plantean cuestiones relativas a la fecha del informe que la empresa porteña presentó hace dos semanas.
Por ejemplo, la Cepap precisó que están en “proceso de análisis” de la documentación y que falta información actualizada, ya que esta data de 2022. En la misma línea se expresó el Capuam, que remarcó además la necesidad de que AUSA muestre nuevos datos sobre los trabajos de reparación que realizaron en el puente entre 2023 y 2024. Por esto, se citará para el martes que viene a la empresa ante el CAAP para que responda a las dudas y se le solicitará, a la vez, que envíe documentación ampliatoria durante esta semana.
A esto se sumó esta tarde un nuevo encuentro entre vecinos que abogan por mantener la centenaria estructura y legisladores; también participó el arquitecto especializado en patrimonio Marcelo Magadán. Según pudo saber LA NACION, entre los presentes estuvo el diputado local Edgardo Néstor Alifraco, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. Ya hace unas semanas que vecinos y legisladores se habían encontrado para discutir sobre el actual conflicto en torno al viaducto. “En función a cómo fueron desarrollándose los hechos, volvieron a convocar una reunión para hoy”, explicaron los vecinos.