Tal como habíamos anunciado desde el Partido Obrero, Río Negro se encamina al default. El lunes 15 de junio la provincia incumplió el pago de 10,5 millones de dólares, correspondientes a los intereses semestrales del bono por 300 millones de dólares con vencimiento en 2025, suscrito en 2017 por el entonces gobernador y actual senador Alberto Weretilneck, que lo presentó y denominó "Plan Castello”.

El Ministro de Economía provincial Luis Vaisberg, anunció que buscarán renegociar con los acreedores -en el período de gracia de 30 días ante de ser declarada en default- la continuidad del pago de esta deuda, esgrimiendo la “fuerte caída del conjunto de la recaudación provincial”.

La bancarrota, preciso es decirlo, no involucra solamente al Estado provincial. Este logró “encajarle” parte de la deuda a diez municipios que adhirieron al Plan Castello. En varios casos hay obras que quedaron inconclusas o que incluso ni se comenzaron. Ahora se rumorea que los intendentes barajan la posibilidad de pagar en tres cuotas el aguinaldo. Como hasta ahora, un papel en esta historia será jugado por las burocracias sindicales, que como muestra el actual escenario, y como también denunciamos en su momento están a fondo con el pacto para pagar una deuda fraudulenta e ilegítima, también provincial.

De todo lo prometido en obras nada. De puestos genuinos de trabajo nada. De planes de viviendas populares nada. La deuda es una deuda impagable, ilegítima e ilegal.

Para no hundirnos bajo el peso de una deuda impagable, y para no seguir rescatando a los usureros internacionales con el sacrificio de los rionegrinos, desde el Partido Obrero de Río Negro creemos que es necesaria una investigación y el no pago de toda la deuda provincial (no solamente la generada por el Plan Castello). Junto con ello, avanzar en un impuesto sobre las grandes fortunas y rentas de la provincia, bancos, tierras ociosas y a los especuladores inmobiliarios, para generar los recursos que permitan atender debidamente la pandemia, recuperando la salud y la educación pública y cubriendo las necesidades crecientes de una población cada día más empobrecida.

Para que la crisis no la paguemos los y las trabajadoras, que la crisis la paguen los capitalistas.