Una señora llamó a un electricista en Viedma para realizar unas reformas menores en su departamento. Debía instalar un tomacorrientes. Antes de iniciar el trabajo, el hombre inspeccionó el lugar para evaluar lo necesario e informó a la clienta el valor de las tareas. Ella aceptó el monto del presupuesto.
El electricista llevó los materiales y completó el trabajo. El tomacorrientes quedó colocado en una caja exterior, atornillado a la pared, tal como lo había descripto el profesional. Sin embargo, al verlo, la mujer dijo que en realidad lo quería empotrado.
El electricista le explicó que ese trabajo implicaba romper la pared, colocar un caño interno y rellenar con cemento. No era lo acordado. La mujer pretendía que ese nuevo trabajo se hiciera por el mismo monto pactado previamente.
La clienta manifestó que no pagaría una suma mayor a la convenida. Ante esta situación, el trabajador suspendió la obra —que ya se encontraba prácticamente concluida— y pidió un pago proporcional por lo realizado, quedando solo una parte sin terminar.
La mujer se negó a pagarle. El electricista se retiró del domicilio, realizó una exposición policial y luego presentó una demanda por menor cuantía.
El caso se tramitó ante el Juzgado de Paz de Viedma, donde se analizan causas de este tipo. El juez valoró como prueba documental la exposición policial, fotografías de los trabajos en el inmueble y certificados de capacitación laboral que acreditaban la idoneidad técnica del trabajador.
Finalmente, el magistrado condenó a la clienta a pagarle al electricista una suma correspondiente a la parte del trabajo efectivamente realizada.